Es un espejismo suponer que el conflicto magisterial crónico que se vive en Oaxaca —desde hace cuatro décadas— será uno de los factores que definan, o que incidan, en la sucesión gubernamental del presente año. Aunque en todos los frentes de la batalla electoral se intenta capitalizar el supuesto buen manejo del conflicto, lo cierto es que la problemática magisterial corre en un carril superior en el que el trato directo de la Sección 22 del SNTE —y de sus aliados radicales del sureste del país— es con Andrés Manuel López Obrador.
En efecto, hoy Oaxaca vive un momento excepcional en cuanto al conflicto magisterial, porque éste ha dejado de ser —temporalmente— un factor de crisis para la gobernabilidad. A diferencia de lo que ocurrió durante las tres décadas anteriores, hoy la entidad ha podido vivir un —aparente— largo periodo de paz social y de ciclos escolares completos. En realidad, no pasan de ser tres o cuatro ciclos escolares los que se han podido completar con éxito, a partir de factores como la entrega total del Estado mexicano a las demandas magisteriales, o de los efectos de la pandemia que, en concreto, alejaron de las aulas a los trabajadores de la educación, y los desmovilizaron políticamente.
Vayamos por partes. ¿Por qué afirmar que una de las razones de fondo por las que hoy vemos a un magisterio oaxaqueño aparentemente apaciguado, es por la “entrega total” del Estado mexicano a sus demandas? No es un exceso afirmarlo: desde la llegada de López Obrador a la Presidencia de la República, quedó zanjada la larga disputa entre el Gobierno Federal y el magisterio nacional respecto a temas sensibles como la evaluación docente, y el manejo administrativo de la situación laboral de los trabajadores de la educación.
Pues a lo largo de las administraciones federales previas —desde los presidentes Ernesto Zedillo hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Vicente Fox y Felipe Calderón— todos los intentos de incidir en la situación laboral, administrativa y docente de los trabajadores de la educación, siempre tuvieron como objetivo limitarlos, normarlos y hacerlos correr en el carril de la mejora salarial con base en sus resultados. Históricamente, los afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ganaron sus mejoras salariales y administrativas a partir de la movilización, de la negociación política—y electoral—, y de la presión social.
Así se hicieron de grandes cotos de poder —el SNTE, y la CNTE en el sureste del país— que a partir de iniciativas como la de la Carrera Magisterial, la llamada Alianza por la Calidad en la Educación —en la administración del presidente Calderón—, y luego con la Reforma Educativa del gobierno de Peña Nieto, intentaron —en todos los casos— limitar el poder e influencia del magisterio. Todas las iniciativas querían ponerle frenos a la vorágine salarial y de control administrativo y político que tenían los maestros del país, hasta que llegó el 2018 y éstos se aliaron con Andrés Manuel López Obrador para dar un abrupto y completo salto al pasado.
RENACER DE LAS CENIZAS
La historia de la lucha magisterial y de López Obrador tiene paralelismos. En ambos casos, tuvieron periodos de florecimiento que luego —en apariencia— quedaron eclipsaron cuando el “establishment” los arrinconó, para finalmente reconstituirse hasta lograr un consenso a favor que pocos años antes habría parecido imposible.
Eso pasó con AMLO luego de su derrota electoral de 2006; y es más o menos lo mismo que parecía cuando en 2013 el gobierno de Enrique Peña Nieto logró la aprobación y entrada en vigor de la reforma constitucional que limitaba el poder del magisterio nacional, al establecer procesos de evaluación y un servicio profesional docente que normaría las relaciones laborales de los trabajadores de la educación según sus resultados, y ya no a partir de su participación en actividades políticas o sindicales.
Todo eso quedó cancelado en 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República. Uno de sus primeros actos trascendentes de gobierno fue la decisión de impulsar la medida legislativa de la abrogación de la reforma educativa impulsada por el presidente Peña Nieto en 2013. Al conseguirlo, gracias a la amplia mayoría legislativa con la que contó en los primeros tres años de su gobierno, AMLO declaró cancelados temas tan sensibles para los maestros del país —y particularmente para los del sureste mexicano— como la evaluación docente, el servicio profesional de carrera en los trabajadores de la educación, y la eliminación del cogobierno sindicato-Estado en la relaciones laborales y administrativas de los trabajadores de la educación.
A la par de ello revivió el amplio poder del ala moderada magisterial del centro y norte del país con Elba Esther Gordillo a la cabeza. Y al sur-sureste mexicano les regaló posiciones, control, recursos —les devolvió la hegemonía del manejo presupuestal de la nómina educativa a través del FONE— y nuevos cotos de poder, que ni en sus mejores épocas habrían imaginado. En el Congreso federal les regaló —entre Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, que representaban el ala más radical del magisterio siempre en contra del Estado mexicano— más de 40 posiciones legislativas que hoy, en su primera reelección, gozan de cabal salud bajo las siglas de Morena.
A la par de ello, les devolvió el llamado “pase automático” a todos los estudiantes normalistas para acceder a una plaza magisterial apenas concluyan sus estudios universitarios. Y con ello les garantizó —al SNTE y a la CNTE— una subsistencia plena como gremio, al poder alimentarse año con año de nuevos congregados ya ideologizados y, en términos del materialismo histórico, adheridos salarialmente a su causa.
En este último trienio, el gobierno federal ha sido por demás generoso con los trabajadores de la educación, al punto de dejarlos sin pretextos relevantes para seguir en la lucha. Fueron satisfechos en sus demandas hasta la saciedad, y por eso hoy el manejo del sempiterno conflicto magisterial pareciera un tema irrelevante. La victoria, como siempre, tiene muchos padres; así como la derrota es la constante víctima de la orfandad por parte de sus autores.
EPITAFIO
Nadie debe confundirse con el garlito del buen manejo del conflicto magisterial. Ni Morena en Oaxaca —léase Salomón Jara—, ni mucho menos cualquier servidor público estatal, o aspirante priista a la gubernatura, debe sentirse con méritos al respecto. Todos los buenos oficios, aunque oprobiosos por sus resultados en el mediano y largo plazo, son de AMLO. Él va a cargar con el espejismo actual de la paz social, pero con el retroceso histórico de haberle devuelto la hegemonía y la presencia política al magisterio del SNTE y de la CNTE.
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