Detienen a la activista Bettina Cruz Velázquez

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El 22 de febrero de 2012, a las 15:30 de la tarde, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a la defensora de derechos humanos Lucila Bettina Cruz Velázquez en el municipio de Santa María Xadani, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Hasta el momento se desconoce su paradero y los cargos en su contra. La Sra. Cruz Velázquez goza de medidas cautelares emitidas por la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca desde el 14 de noviembre de 2011.

 

En el momento de su detención la defensora estaba acompañada por la abogada Maribel González Pedro. En ningún momento la PGR les permitió leer la orden de aprensión así que se desconocen los motivos de la detención. Hasta el momento no ha sido posible confirmar que la Sra. Cruz Velázquez haya sido presentada ante las autoridades federales competentes, por lo que se teme por su seguridad e integridad física.

La Sra. Cruz Velázquez es una reconocida defensora del derecho a la tierra y al territorio y co-fundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio. La Asamblea ha acompañado a una serie de campañas para reivindicar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellas la organización comunitaria de los pueblos zapotecos e ikoots en resistencia a los proyectos eólicos de la región y al pueblo zapoteco de Xadani en contra de la alza de las tarifas eléctricas impuestas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La Sra. González Pedro es también integrante de la Asamblea.

No es la primera vez que la PGR detiene a un integrante de la Asamblea. El 12 de abril de 2011, el dirigente del movimiento contra las altas tarifas, el Sr. Filiberto Vicente Aquino fue detenido en Xadani y trasladado a las instalaciones de la PGR en Salina Cruz, Oaxaca. Gracias a la movilización popular fue liberado al día siguiente. Al Sr. Vicente Aquino se le acusó falsamente del robo de energía eléctrica.

La detención de la defensora Sra. Cruz Velázquez hace evidente la criminalización de la labor de las defensoras de derechos humanos y la ausencia de seguridades para las mujeres defensoras para ejercer su labor en un ambiente libre de violencia.

Agencias