El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI) denunció presuntos actos de extorsión, intimidación y abuso de autoridad que, de acuerdo con un escrito difundido por el organismo, habrían sido cometidos contra propietarios de talleres de cepillado de madera en Tlaxiaco por agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).
Según la denuncia, los hechos comenzaron en abril de 2025, cuando Manuel Sánchez Rojas, propietario de uno de los talleres, habría sido abordado por tres personas que se identificaron como agentes de la Agencia de Investigación Criminal. Uno de ellos, señala el documento, se presentó como comandante regional y le habría exigido un pago quincenal de 15 mil pesos para poder continuar trabajando.
El escrito refiere que posteriormente la cuota habría cambiado a un pago semanal y que el propietario, junto con otras cinco personas que también se dijeron afectadas, acudió ante el síndico municipal de Tlaxiaco para denunciar los hechos.
La denuncia derivó en la apertura de la carpeta de investigación FED/OAX/OAX/0000690/2025, por el delito de extorsión, de acuerdo con la documentación presentada por CEDHAPI.
Sin embargo, el organismo sostiene que las presuntas represalias continuaron. El pasado 4 de agosto de 2026, dos personas habrían acudido nuevamente al taller de Sánchez Rojas para exigirle el pago de una cuota. El propietario habría advertido que no existía una orden de aprehensión en su contra y, ante un supuesto intento de sometimiento, salió del establecimiento para pedir ayuda.
Posteriormente, familiares y vecinos acudieron al lugar. La denuncia señala que uno de los agentes habría ingresado a una camioneta propiedad de Sánchez Rojas y tomado las llaves del vehículo, permaneciendo los elementos dentro del taller durante aproximadamente media hora antes de retirarse.
El episodio más reciente ocurrió el 9 de agosto, cuando alrededor de 90 elementos de distintas corporaciones, entre ellos Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal y agentes de Investigación Criminal, además de personal de la FGR y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), llegaron al taller para realizar un supuesto cateo.
De acuerdo con CEDHAPI, durante el operativo fueron aseguradas tablas y polines de madera pertenecientes a clientes, así como vigas que se encontraban en un terreno vecino y maquinaria utilizada para las labores del establecimiento, entre ella un trompo, una sierra circular, una canteadora y cuatro cepillos.
El organismo sostiene que el operativo se realizó sin que se presentara una orden judicial, por lo que calificó los hechos como un posible abuso de autoridad y una acción de intimidación contra el propietario del negocio y su familia.
Ante esta situación, CEDHAPI y familiares de Manuel Sánchez Rojas solicitaron a la FGR una investigación imparcial y urgente sobre las acusaciones de extorsión y cobro de piso, además de una investigación interna para determinar posibles responsabilidades de servidores públicos.
También demandaron medidas de protección para Sánchez Rojas, su familia y las demás personas que denunciaron los hechos; la revisión de los protocolos de actuación de la Agencia de Investigación Criminal y Profepa; la sanción de quienes resulten responsables; así como la devolución de la maquinaria, herramientas y materiales asegurados.
Finalmente, pidieron que se implementen mecanismos de vigilancia con participación ciudadana en Tlaxiaco para prevenir y denunciar posibles actos de extorsión cometidos por integrantes de corporaciones de seguridad.
