La agencia estadounidense destacó la colaboración con autoridades mexicanas para ubicar y desmantelar ocho laboratorios clandestinos en poco más de una semana; uno de los operativos generó una afectación económica estimada en 347 millones de dólares a organizaciones criminales
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) aseguró este viernes que sus labores de inteligencia y análisis fueron determinantes para la ubicación y desmantelamiento de varios laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas sintéticas en México, entre ellos tres complejos localizados en el estado de Sinaloa, donde las autoridades aseguraron casi 17 toneladas de metanfetamina.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la agencia estadounidense destacó que, en poco más de una semana, las autoridades mexicanas han logrado desmantelar un total de ocho laboratorios clandestinos dedicados presuntamente a la fabricación de drogas sintéticas.
“Estos decomisos no habrían ocurrido sin la inteligencia y el trabajo de investigación de la DEA”, sostuvo la agencia, al reivindicar el papel de sus labores de colaboración con las instituciones mexicanas.
La DEA afirmó que los operativos representan un ejemplo de la cooperación entre ambos países para combatir a las organizaciones criminales dedicadas a la producción y distribución de sustancias ilícitas. De acuerdo con la agencia, las acciones buscan interrumpir la producción de drogas sintéticas, afectar las cadenas de suministro y reducir los recursos financieros de los grupos delictivos.
Operativo en Corralejo
Uno de los principales aseguramientos ocurrió el jueves 3 de septiembre en las inmediaciones de la localidad de Corralejo, Sinaloa, donde elementos de las fuerzas federales localizaron un complejo clandestino de grandes dimensiones.
De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, el laboratorio contaba con una superficie aproximada de 5 mil 700 metros cuadrados y fue considerado como el segundo complejo de mayor magnitud inhabilitado durante el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante el operativo fueron aseguradas aproximadamente 16.3 toneladas de metanfetamina, además de 4 mil 350 litros de precursores químicos que presuntamente serían utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.
Las autoridades estimaron que la inhabilitación de este complejo representa una afectación económica cercana a los 347 millones de dólares para las organizaciones criminales vinculadas con estas actividades.
El aseguramiento forma parte de una serie de operaciones desplegadas en distintos puntos de Sinaloa, particularmente en las inmediaciones de los poblados de Corralejo y Corral Viejo.
Casi 17 toneladas aseguradas
En los tres operativos realizados en esta zona, las fuerzas federales reportaron el aseguramiento de aproximadamente 16.8 toneladas de aparente metanfetamina, además de diversas sustancias utilizadas como precursores químicos.
La magnitud de los decomisos coloca a estas acciones entre las operaciones más relevantes contra la producción clandestina de drogas sintéticas realizadas durante la actual administración federal.
El Gabinete de Seguridad señaló que la localización de los laboratorios y su posterior inhabilitación representan un golpe a la capacidad de producción de las organizaciones criminales, particularmente por el volumen de sustancias aseguradas y el impacto económico calculado.
La DEA, por su parte, insistió en que la coordinación bilateral resulta fundamental para identificar instalaciones clandestinas, rastrear las cadenas de suministro y generar afectaciones financieras a los grupos dedicados a la producción de metanfetamina.
El reconocimiento público de la agencia estadounidense también ocurre en un contexto de creciente colaboración entre México y Estados Unidos en materia de inteligencia y combate al tráfico de drogas sintéticas, particularmente de metanfetamina y fentanilo.
Con estos operativos, las autoridades mexicanas buscan no sólo retirar del mercado grandes cantidades de sustancias ilícitas, sino también impedir que los laboratorios continúen operando y reducir la capacidad financiera y logística de las organizaciones criminales.
