El Consejo de Estado publicó el Decreto-Ley 133, que amplía el alcance del sector privado y forma parte de un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio; las nuevas compañías podrán operar en distintas provincias, fijar precios y salarios bajo reglas estatales y asociarse con capital extranjero
El gobierno de Cuba dio un nuevo paso hacia la ampliación de la actividad privada con la entrada en vigor del Decreto-Ley 133, publicado este miércoles en la Gaceta Oficial, mediante el cual se autoriza la constitución de empresas privadas con más de 100 trabajadores.
La medida representa una ampliación de las posibilidades para el sector privado cubano, que desde 2021 opera principalmente mediante las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como mipymes.
La nueva disposición forma parte de un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales aprobado por el gobierno de La Habana en junio pasado, con el objetivo declarado de modificar distintos aspectos de la economía, descentralizar determinadas decisiones y otorgar mayores niveles de autonomía a empresas y actores económicos.
De acuerdo con la nueva normativa, el decreto entrará en vigor siete días después de su publicación en la Gaceta Oficial.
Nuevas figuras empresariales
Las empresas privadas autorizadas bajo este nuevo esquema podrán constituirse como Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), cuando cuenten con varios propietarios, o como Sociedades Unipersonales de Responsabilidad Limitada (S.U.R.L.), cuando exista un solo propietario.
Estas compañías también podrán establecer locales o establecimientos secundarios en otras provincias, lo que amplía su capacidad para desarrollar actividades económicas fuera del territorio donde fueron constituidas.
Sin embargo, las nuevas empresas deberán operar dentro de determinadas condiciones establecidas por el Estado cubano.
Entre ellas se encuentra la obligación de realizar sus movimientos financieros mediante cuentas bancarias corrientes y comercializar sus bienes y servicios en pesos cubanos, salvo en aquellas actividades en las que una disposición legal permita expresamente el uso de divisas.
Capital inicial y origen lícito de los recursos
Antes de que una empresa sea aprobada oficialmente, sus socios deberán depositar el capital inicial en una cuenta transitoria, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el Banco Central.
Además, los propietarios tendrán que acreditar el origen lícito de los fondos utilizados para constituir la compañía.
Las disposiciones buscan establecer mecanismos de control financiero sobre las nuevas empresas y permitir al Estado conocer el origen de los recursos empleados en su creación.
Podrán fijar precios y salarios, pero bajo regulación estatal
La nueva normativa concede a las empresas privadas determinados niveles de autonomía para desarrollar sus actividades.
Entre sus facultades estará la posibilidad de establecer los precios de sus productos y servicios, aunque deberán respetar las reglas y límites fijados por el gobierno.
También podrán determinar los salarios de sus trabajadores, dentro del marco establecido por las disposiciones laborales correspondientes.
Las empresas podrán realizar operaciones de importación y exportación de manera directa, aunque para ello necesitarán autorización del Ministerio de Comercio Exterior (Mincex).
Otra de las posibilidades contempladas es la asociación con capital extranjero, lo que abre la puerta a nuevas formas de inversión y cooperación empresarial.
¿Quiénes podrán ser propietarios?
La legislación establece que podrán participar como propietarios tanto cubanos residentes en la isla como cubanos que viven en el extranjero, además de extranjeros residentes en Cuba.
No obstante, existen restricciones.
Los funcionarios y dirigentes del Estado y del Gobierno no podrán ser propietarios ni administradores de estas empresas. Tampoco podrán ocupar esas posiciones quienes tengan determinadas deudas o hayan sido condenados por delitos considerados incompatibles con la actividad empresarial que pretendan desarrollar.
Además de las obligaciones económicas y administrativas, la ley establece que las empresas deberán asumir una “responsabilidad social”, mediante acciones destinadas a contribuir con las comunidades donde desarrollen sus actividades.
Cambios también para las cooperativas
El paquete de reformas no se limita a las nuevas empresas privadas.
Las cooperativas también podrán ampliar geográficamente sus operaciones y tendrán la posibilidad de realizar actividades de importación y exportación, aunque igualmente necesitarán autorización del Ministerio de Comercio Exterior.
Al igual que las nuevas empresas privadas, deberán realizar sus actividades económicas en pesos cubanos, salvo las excepciones previstas por la legislación.
Por su parte, el régimen de trabajo por cuenta propia también tendrá modificaciones. Los trabajadores independientes podrán contar de manera puntual con la colaboración de familiares y tendrán permitido permanecer hasta tres meses al año fuera del país sin perder su licencia.
Cuando contraten trabajadores, deberán cumplir además con la obligación de bancarizar los salarios.
Guarderías, clases privadas e idiomas
Las nuevas disposiciones abarcan también otras áreas de la actividad económica y social.
Entre ellas destaca la Resolución 30/2026 del Ministerio de Educación, que autoriza la creación de Casas de Cuidado Infantil privadas, equivalentes a guarderías.
Las personas encargadas del cuidado de los menores deberán realizar previamente un curso de capacitación y cumplir con determinadas disposiciones relacionadas con la formación y los valores que deberán promover.
También se autorizarán clases privadas de idiomas. Los profesores tendrán que acreditar ante las autoridades un nivel mínimo B1 en la lengua que impartan.
Asimismo, se permitirán las clases particulares privadas, incluyendo la posibilidad de que profesores de la educación pública impartan asesorías o repasos fuera de su horario laboral.
Sin embargo, estas actividades estarán sujetas a límites: los particulares no podrán emitir títulos o diplomas oficiales ni utilizar instalaciones o libros pertenecientes al sistema educativo público.
Además, deberán desarrollar una labor social consistente en proporcionar clases gratuitas a niños en situación de vulnerabilidad de sus comunidades.
Nuevas reglas para el sector inmobiliario
El sector inmobiliario también forma parte de las modificaciones.
Los propietarios de inmuebles podrán rentar sus propiedades a las nuevas empresas privadas y a cooperativas, ampliando así las opciones para el establecimiento de actividades económicas.
La normativa establece, además, nuevas obligaciones para quienes renten inmuebles.
Los contratos de alquiler deberán incluir un registro de las personas que pernocten en la propiedad durante un periodo de cinco años.
Cuando la persona alojada sea un cubano residente en el extranjero o un ciudadano extranjero, los propietarios deberán reportar sus datos directamente al Ministerio del Interior.
El gobierno asegura que las reformas “van en serio”
La publicación de las nuevas disposiciones ocurre un día después de que el Ministerio de Comercio Exterior difundiera en sus redes sociales declaraciones de su viceministro, Carlos Luis Jorge Méndez, quien aseguró que las reformas económicas impulsadas por el gobierno cubano “van en serio”.
El paquete aprobado en junio busca introducir cambios en diversos sectores de la economía de la isla, en un intento por liberalizar y descentralizar determinadas actividades económicas.
Entre las transformaciones previstas se encuentran modificaciones para dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, además de una mayor descentralización de la toma de decisiones.
El programa también contempla otorgar mayor autonomía a determinadas empresas estatales y permitir una mayor participación del capital privado en actividades financieras, entre otras medidas.
Cuba enfrenta una profunda crisis económica
La implementación de estas reformas ocurre mientras Cuba atraviesa una grave crisis económica y social, que se ha prolongado durante varios años y que, de acuerdo con el texto, se ha agravado desde comienzos de 2026.
Entre los factores externos señalados se encuentra el endurecimiento de las medidas de Estados Unidos contra la isla, incluido el denominado bloqueo petrolero, además de nuevas sanciones dirigidas a presionar al gobierno cubano para impulsar cambios políticos y económicos.
En este contexto, la autorización de empresas privadas con más de 100 trabajadores constituye uno de los cambios más relevantes del nuevo paquete de medidas, al ampliar el tamaño y alcance que pueden tener los negocios privados dentro de la economía cubana.
La medida abre así una nueva etapa para el sector empresarial de la isla, aunque mantiene una importante participación y supervisión del Estado en aspectos como las operaciones financieras, el comercio exterior, las actividades económicas autorizadas y las condiciones bajo las cuales podrán funcionar estas compañías.
