A diferencia de lo que ocurrió con los casos de Chihuahua y Guadalajara, la iniciativa de ley para intentar desaparecer en Oaxaca al Consejo de la Judicatura no se procesa directamente desde el poder ejecutivo sino por conducto de la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXIII Legislatura , bajo control de la fracción parlamentaria del PRI.
Y el principal argumento para borrarlo de la estructura del poder judicial ya se ha boletinado ampliamente: que es un aparato burocrático inútil y oneroso, con un presupuesto anual que supera los 600 millones de pesos.
Sin embargo, aunque tal aseveración pudiera ser cierta, no es éste el factor que preocupa a sus promotores políticos porque, a final de cuentas, tanto en el poder ejecutivo como en el judicial existen instituciones y dependencias ineficaces y burocratizadas que tienen asignados presupuestos millonarios. Por ejemplo, durante el 2017, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública ejerció poco más de 528 millones de pesos sin que esto se tradujera en la reducción de los niveles de inseguridad y violencia criminal que padece la entidad. Y en circunstancias similares se encuentran otras secretarías y organismos gubernamentales.
El fondo del asunto, entonces, es político, es decir, que a contrario sensu de la división de poderes ya establecida constitucionalmente a nivel federal y en cada entidad federativa, lo que se pretende con la desaparición del Consejo de la Judicatura es regresar al pasado y devolverle al jefe del poder ejecutivo y al presidente del Tribunal Superior de Justicia –cabeza del poder judicial- las facultades para poner y quitar jueces y magistrados, o manejar discrecionalmente los recursos financieros y administrativos de dicho Tribunal, entre otras atribuciones.
En momentos diferentes, en Chihuahua y Guadalajara los gobernadores de ambas entidades pretendieron sin éxito hacer lo mismo, sin embargo no prosperaron por la abierta oposición de juristas e instituciones académicas de prestigio y de diputados de oposición.
En el caso de Oaxaca, aún cuando todo pareciera ya arreglado para darle curso a la iniciativa de ley presentada formalmente por la diputada Nallely Hernández García, es probable que ante la oposición que empieza a ser visible por parte de las bancadas del PT y Morena, y el riesgo de un escándalo mediático a nivel nacional, el proyecto se congele hasta nuevo aviso.
A final de cuentas, empecinarse en desaparecer el Consejo de la Judicatura solamente porque seis años después de su creación se descubre que representa una carga financiera , no parece resultar suficiente ni convincente ante la clara intención política de los promotores de la iniciativa para eliminar un factor incómodo a los afanes de control absoluto del poder judicial.
Twitter @YescasIsidoro
Junio 6 del 2018.
