La elección en el Estado de Baja California se ha convertido en el centro de atención de los últimos días a nivel nacional. En los pasados comicios los bajacalifornianos votaron por un gobernador que durara en su encargo dos años. Resultó vencedor el morenista Jaime Bonilla, quien antes de ser candidato se desempañaba como delegado de los programas integrales del gobierno federal. Sin embargo, el Congreso de ese Estado decidió modificar el artículo octavo transitorio de la Constitución local, el cual desde 2014 establecía el plazo de dos años para esta elección de modo que pudiera empatarse con la elección federal de 2021. Ahora el gobernador electo Bonilla podría gobernar por cinco años; 21 diputados le regalaron tres años más en una sola votación y de espaldas a la ley.
Uno podría pensar que este ejercicio es normal, que las y los diputados locales pueden modificar la Constitución pues para eso fueron votados, pero habría que pensar en las condiciones de la decisión. Si el plazo se hubiera modificado antes de la elección no habría problema, pero en este caso se trata de una decisión ex post, que no considera que la ciudadanía de ese estado ya votó en función de un mandato de dos años. Asimismo, la gravedad de esta decisión es el precedente que sienta jurídicamente.
Voces como la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, líder histórico de la lucha por la democracia en nuestro país, se han pronunciado en contra de la decisión del Congreso de Baja California. El PRI y el PAN han anunciado procesos de expulsión de los diputados de estas fuerzas políticas que votaron a favor de esta modificación. Y es que por sí solo Morena no podía lograrlo, tiene apenas tres diputados en la actual legislatura. Por otra parte, los ayuntamientos de Tijuana y Mexicali, las dos ciudades principales del Estado donde vive la mayor parte de la población se han pronunciado en contra de este atropello a la legalidad en aquel Estado.
Al rechazo de líderes y actores políticos no abona la respuesta tanto del gobernador electo como del presidente López Obrador. Ambos guardaron silencio frente a la decisión del legislativo local. El primero dijo: “no soy abogado”, en alusión a que no podría validar o rechazar la decisión tomada. Ningún político, más si se trata de un mandatario electo, debería dar este tipo de respuestas pero él lo hizo.
A propósito de que el gobernador electo no se siente capaz de opinar por no ser abogado, la reforma con la que se pretende ampliar el periodo de gobierno es contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos México, entre otras cosas porque supone la aplicación retroactiva de las normas y la modificación de las reglas del proceso electoral, el cual se basa en los principios de certeza, legalidad y la definitividad de las etapas que comprende. Se estarían vulnerando los derechos político-electorales de la ciudadanía que votó en función de volver a hacerlo en 2021.
Ahora solo queda esperar que este atropello legislativo sea revertido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el último contrapeso a los poderes ejecutivo y legislativo. Alguna vez escribió Montesquieu que “para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”. Su teoría del Estado basada en los contrapesos al poder no pierde vigencia justamente porque la ambición de los seres humanos por el poder debe tener límites, y casi siempre esos límites se encuentran en la justicia.
En contraste con la lamentable decisión que comentamos, esta semana se celebró el Día de la Abogado, una fecha de gran significado para quienes nos formamos en el respeto y conocimiento de las leyes. En Oaxaca siempre es una fecha significativa pues tenemos una tradición de abogados bien formados en la teoría y la práctica. Mi padre, Francisco Ángel Maldonado, fundó la Barra Oaxaqueña de Abogados y Pasantes de Derecho Independientes A. C. La primera de su tipo en el estado que fijó el objetivo de profesionalizar a quienes se dedican a la práctica jurídica y brindarle a la sociedad un espacio intermedio, de defensa para quienes ven vulnerados sus derechos y de asociación para quienes son parte de un gremio respetable.
Hace un año que partió mi ejemplo a seguir, un hombre culto que creía en el talento pero también en la disciplina y el esfuerzo como valores de integridad, quien me enseñó que el servicio está antes y por encima de la política. Un líder en su campo de estudio al que se entregó hasta el final. Me enseñó a ver en la justicia el faro que ilumina la vida humana frente a todas sus adversidades. A él, a su ejemplo y trayectoria, dedico este artículo como muestra de gratitud. A la distancia, su ejemplo me acompaña todos los días.
*Director General del ICAPET.
