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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó una red de siete empresas, 83 personas y 89 vínculos corporativos en su investigación sobre proveedores del sector electoral, en la que un ex trabajador del Instituto Nacional Electoral (INE) figuró como apoderado de Corporativo ZEG.
El organismo fiscalizador reportó conexiones entre Corporativo ZEG, Cajas Graf, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México, así como seis personas relacionadas con varias compañías.
Los hallazgos abrieron nuevas líneas de revisión por posibles conflictos de interés y prácticas indebidas en las contrataciones públicas.
Entre los casos destacó Jonathan N., ex trabajador del INE y apoderado de Corporativo ZEG, para quien se reportaron percepciones por 601 mil 751 pesos con cuatro centavos entre mayo de 2025 y marzo de 2026.
También apareció Alejandro N., identificado como socio de Corporativo ZEG y delegado de la asamblea de Formas Finas y Materiales, una conexión entre dos proveedoras del sector electoral.
La ASF informó que cinco personas aparecieron vinculadas tanto con ZEG como con Graf. En el esquema destacó a César N., Omar N., Fernando N. y Raymundo N., relacionados con ambas compañías mediante distintos cargos y representaciones.
Tatiana N. figuró como vínculo entre Cajas Graf y Seriplast de México. El mapa también mostró una relación entre Cajas Graf y TOL Producciones.
Las otras empresas incluidas en el universo de revisión aparecieron identificadas como Corona J.E. y Comercializadora JVLT.
Otro hallazgo señaló que proveedores de Corporativo ZEG trabajaron con proveedores autorizados de certificación (PAC) cuyas certificaciones habían sido revocadas, por operaciones de 21.3 millones de pesos.
“Estas conexiones corporativas y antecedentes laborales constituyen indicios que ameritan profundizar en la revisión de las contrataciones públicas, a fin de determinar la posible existencia de conflictos de interés, prácticas indebidas o responsabilidades legales”, señaló la ASF.
La investigación se sumó a la revisión histórica de las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025 por el INE, el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), anunciada por la ASF el 4 de noviembre.
El análisis buscó identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales en el uso de recursos públicos.
El organismo mantuvo tres líneas de trabajo: investigaciones de oficio sobre contrataciones, el estudio histórico de adquisiciones y una auditoría integral al INE y al gasto federalizado ejercido por las autoridades electorales locales.
Como antecedente, el 24 de octubre la Presidencia del Consejo General del INE informó que colaboraría con la ASF y que había remitido los antecedentes a su Órgano Interno de Control para su revisión.
