Diana Mendez
A 16 años del asesinato de la activista mexicana Bety Cariño y del observador internacional Jyri Jaakkola, organizaciones sociales, colectivos y defensores de derechos humanos alzaron la voz para exigir justicia, denunciar la persistencia de la violencia y advertir que el crimen permanece impune.
Señalaron que, pese al paso del tiempo, no se ha logrado el esclarecimiento de los hechos ni el castigo a los responsables, lo que mantiene abierta una herida en la memoria colectiva de los pueblos.
Recordaron que ambos activistas fueron asesinados en un contexto de violencia contra comunidades indígenas, donde la defensa del territorio y los derechos humanos continúa representando un riesgo.
Subrayaron que el caso no es un hecho aislado, sino parte de una problemática estructural marcada por el despojo, el extractivismo y la impunidad.
En el documento, se advierte que la región Mixteca de donde era originaria Bety Cariño sigue enfrentando amenazas por proyectos extractivos, particularmente mineros, que avanzan sin el consentimiento de las comunidades. Bajo discursos de desarrollo o transición energética, señalaron, se mantienen dinámicas que vulneran la libre determinación de los pueblos originarios.
Asimismo, vincularon este caso con otras luchas actuales, como la de las madres buscadoras y las familias de personas desaparecidas, quienes afirman han tenido que asumir labores que corresponden al Estado ante la falta de justicia y respuestas institucionales.
“México se ha convertido en un territorio donde la memoria es resistencia y la justicia se posterga”, sostienen en el pronunciamiento, al tiempo que cuestionan la falta de garantías para quienes defienden la vida, el territorio y los derechos humanos.
Entre las principales exigencias destacan el esclarecimiento del asesinato de ambos activistas, el fin de la violencia contra personas defensoras, la cancelación de concesiones mineras en territorios indígenas, así como la protección efectiva a colectivos de búsqueda y el combate a la impunidad.
A 16 años de los hechos, los firmantes enfatizaron que la memoria de Bety Cariño y Jyri Jaakkola sigue vigente en las luchas sociales, y reiteraron que la demanda de justicia permanece como una deuda pendiente del Estado mexicano.
