2014, el año de la Narcopolítica y la decadencia del Estado: Roberto Molina

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07-narcopolityicaSi bien, esto no es nuevo, o por los menos ha venido en ascenso en los últimos cuarenta años, y en el 2014, sin duda, tocó fondo.

Atrás quedaron los caciques de rancho que imponían su voluntad, compraban arrestos, además de que eran el soporte de la economía del pueblo y de todo el producto de la ganancia de algunos estupefacientes.

Dichos caciques se exhibían en los pueblos ostentosamente: llenos de joyas, con camionetas lujosas y al ritmo de los narcocorridos de moda. Sin duda, estas imágenes típicas se repetían en todas las fiestas de los pueblos, en donde los gastos y las mejoras de los templos católicos, corrían por parte de estos personajes pintorescos. Pero las cosas fueron cambiando de manera acelerada  y con ello, las necesidades de los distribuidores de drogas.

Entonces, se hizo necesario realizar compadrazgos con personajes del Gobierno, para pedirles favores y apoyarse mutuamente. Esto ocasionó que los altos dirigentes políticos, conocieran del negocio y se convirtieran en los principales operadores de los capos del narcotráfico.

En poco tiempo, el control estratégico tuvo que ver con el control de policías Estatales, Ministerios Públicos, delegados de la PGR y hasta procuradores.

Sin embargo, faltaban más piezas para que el negocio fuera redondo. Se dieron cuenta que también se requería del apoyo institucional en todas sus áreas. Si se adueñaban de los partidos políticos, muy pronto podían tener una mejor relación con jueces, magistrados, y hasta con los responsables de las aduanas.

El arribo a los partidos políticos fue una misión muy fácil: buscaron a los dirigentes estatales de los partidos políticos para ofrecerles financiar las campañas políticas a cambio de imponer algunos candidatos. Además de ponerle precio a los espacios concedidos.

Nunca existió resistencia alguna. El objetivo cambió y buscaron las dirigencias nacionales. La primera en ceder, ante el encanto del dinero fácil, fueron  los perredista del grupo de los Chuchos.

El negocio marchaba viento en popa, por lo que posteriormente financiaron algunas campañas a Gobernador de algunos Estados, y realizaron todo tipo de pacto con ellos.

Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, Morelos y el DF, son el claro ejemplo de la operatividad de los carteles de la delincuencia organizada y del Narcotráfico.

El nuevo reto era cooptar un Presidente e imponerle reglas y/o en su caso, poner uno propio.

Los narcotraficantes enseñaron a los políticos el negocio de las drogas; estos, lo aprendieron muy pronto y vinieron las primeras traiciones.

Los primeros Capos no alineados empezaron a caer, y con esto se mataban dos pájaros de un tiro. Al mismo tiempo que avanzaban en el control del mercado, ante la opinión pública nacional e internacional se daba la imagen de un combate frontal a la delincuencia.

A esas alturas, la delincuencia ya había invadido las instituciones y permeado la mayoría de las áreas estratégicas del Gobierno.

Todo parecía perfecto, hasta que los grupos delincuenciales empezaron a crecer tanto que ya no era posible darle cabida a todos. Entonces comenzaron las batallas entre de ellos. Los que tenían sus policías y presidentes municipales, avanzaban con mayor rapidez y hasta cobraban cuotas de los recursos destinados para obra pública.

En esa dinámica y con una paranoia sin límites, ocurrió la segunda masacre más grande en los últimos 40 años en América Latina. Nada parecida ni comparada con las realizadas por los gobiernos dictatoriales.

El pasado 26 de septiembre de 2014, en por lo menos cuatro eventos violentos relacionados entre sí en las inmediaciones de la ciudad de Iguala, perdieron la vida 7 personas; entre éstas, cuatro estudiantes de la normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa;  25 más resultaron heridas, y de 43 estudiantes se desconoce su paradero.

Fue ahí donde se puso al descubierto lo que de alguna forma sabían todos.

El crimen Organizado, tenía apoyo institucional, como se demostró con la complicidad del ExGobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, y la omisión de las policías estatales y federales en aquella masacre. Ante tal evento escandaloso, el Presidente de la República apareció bastante tarde, lo que provocó que las cosas se desbordaran y que los delincuentes pudieran replegarse como lo hizo la pareja imperial de los Abarca, y los principales mandos de la policía local.

Esto también dio oportunidad para se conocieran los orígenes partidistas de los represores y asesinos, que en efecto, pertenecían a la izquierda que durante 25 años denunció represión, persecución, corrupción y que enarbolaban la bandera de los derechos humanos.

Por si faltara algo más todavía, sólo se está procesando a algunos cuantos y  de manera selectiva.

Cuando sólo se procesa a los delincuentes  y no a los políticos que sirvieron a los criminales  ―para no afectar las estructuras financieras de los mismos― queda demostrado que las instituciones encargadas de la impartición de justicia, también han sido corrompidas, y lo que es peor, que el Estado ha sido rebasado, pues no cumple con su función, además, se encuentra en decadencia.