Consejera Presidenta inhabilitada del OPLE de Oaxaca, pedirá medidas cautelares a CIDH para resguardar su vida y trabajo; acusa persecución política

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Jaime GUERRERO

 

Tras se inhabilitada por segunda ocasión y un procedimiento penal en su contra, la inhabilitada consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Elizabeth Sánchez González, anunció que -al hacerse uso de diversas instituciones públicas para

impedir a toda costa que ejerza el cargo- pedirá medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de que sea resguardada su integridad, vida, trabajo, libertad personal.

 

También para su familia y personas que colaboran con ella, que también han sufrido los embates institucionales.

 

Sánchez González, hizo responsables a las autoridades administrativas y

judiciales de su integridad física, psicológica y emocional, y la de su equipo de trabajo y familia, “debido a la persecución administrativa y judicial de la que estoy siendo objeto”, denunció.

 

En un pronunciamiento dirigido a la opinión pública, afirmó que esas acciones afectan sus derechos y ponen en riesgo la estabilidad del órgano electoral encargado de organizar el Proceso Electoral 2023-2024 en Oaxaca.

 

“He decidido defenderme por todas las vías jurídicas de las decisiones que

me han impuesto injustamente y que son ataques llenos de vicios jurídicos y

procedimentales”, advirtió.

 

Denunció al Encargado de Despacho de la Contraloría General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Salvador Alejandro Cruz Rodríguez, quien dijo ha iniciado una persecución administrativa y política en su contra desde 2023.

 

Denunció también la utilización a modo del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca por obstruir el ejercicio de sus derechos político electorales.

 

Afirmó que Cruz Rodríguez ha intentado en cuatro ocasiones removerla del cargo de Presidenta del Consejo General del IEEPCO.

 

En septiembre de 2023; pero promovió junto con el INE un juicio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el que fue reinstalada inmediatamente.

 

El segundo, ocurrió el pasado 10 de abril de 2024, cuando a raíz de una

denuncia hecha por Cruz Rodríguez, el Tribunal de Justicia Administrativa y

Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca la inhabilitó por un año por

supuestas irregularidades administrativas.

 

Al día siguiente fue notificada de una Aclaración de Sentencia en la que el Tribunal, planteó que la sanción surtiría efectos a partir de que se me notificara la sentencia.

 

El pasado jueves, la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Administrativo me notificó una sentencia en la que resuelve otra inhabilitación por tres años, horas después de que el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca me concediera la suspensión en el amparo por la primera inhabilitación y podría ser restituida como Presidenta del Instituto.

 

Así mismo, denunció que, Cruz Rodríguez le inició una Carpeta de Investigación por Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, en las que el Juez de Control de Tanivet ha programado audiencias en la que incluso le libraron una orden de comparecencia con tratos diferenciados.

 

Sánchez González, aseguró que Agentes del Ministerio Público adscritas a la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción, pretende formularme imputación sin que previamente su defensa y ella, tuvieran acceso a la carpeta de investigación, lo cual es un derecho fundamental que no se está respetando.

 

“Desde ayer he acudido a la audiencia de imputación, la Fiscalía se ha negado

a dotarme de las condiciones que constitucionalmente son mi derecho tener, acusando una imposibilidad material para entregarme de manera física la carpeta de investigación que tiene más de 5 mil hojas”, narró.

 

“Apenas hoy, a las 05:30 de la madrugada, me fue entregada la carpeta de investigación de manera digital; y esperan que yo sí tenga la capacidad material de imprimirlas y analizarlas en breve tiempo antes de la reanudación de la audiencia que se lleva a cabo hoy desde las 09:00 de la mañana”, expuso.

 

“Además, en esa reanudación se ha evidenciado que nos están ocultando un expediente de casi 800 hojas y, hasta ahora, no nos ha sido entregada”, denunció.

 

Afirmó que, la fiscalía no está cumpliendo con su obligación, ya que me le traslada la obligación de generar una copia física de su carpeta de investigación, violando así su derecho de acceso pleno a la misma.

 

De acuerdo a Sánchez González, lo más peligroso de todo esto, es que la unidad de medidas cautelares determinó que yo represento un riesgo alto para la sociedad, los testigos y la

víctima, por ello, sospecha que se le imponga una medida cautelar consistente en la prisión preventiva y me priven de mi liberad es inminente.

 

Bajo esa perspectiva, llamó a organizaciones de la sociedad civil y a los organismos internacionales de Derechos Humanos, porque asegura que lo que le está ocurriendo es una violación grave al sistema que debería protegernos de los abusos del estado.

 

Reiteró que seguirá defendiéndome en las instancias correspondientes hasta encontrar justicia, “no dejaré que los actos del encargado de la contraloría general sigan manchando mi nombre”.

 

De la misma forma, afirmó que no permitirá que el abuso de poder e intereses personales y del Tribunal de Justicia, impidan que ejerza el cargo.

 

Sánchez González aseguró que lo que sucede hoy, no se trata sólo de un atentado contra su derechos, es

un claro atentado contra la imparcialidad, la autonomía de los órganos electorales, y el Sistema Nacional de Elecciones.

 

Afirmó que los actos afectan el desarrollo del proceso electoral ordinario en curso, ya que a 36 días de la Jornada electoral persiste un empeño en poner en riesgo los derechos político electorales de la ciudadanía oaxaqueña.

 

“Dado que se está haciendo uso de diversas instituciones públicas para

impedir a toda costa que ejerza el cargo, estoy preparando una petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de que sea resguardada mi integridad, vida, trabajo, libertad personal, así como la de mi familia y personas que colaboran conmigo, que también han sufrido los embates institucionales’ anunció.