¿Pacto por la educación?: Renward García Medrano

La cloaca que destapó Elba Esther Gordillo pudo ser un acto de audacia para abortar una posible acción del gobierno en su contra, pero ha sido muy lesiva para el menguado prestigio de los políticos y la política, y para la credibilidad y respetabilidad de los personajes involucrados.

Por eso no entiendo la insistencia del presidente Felipe Calderón en volver una y otra vez al tema, negar el pacto electoral con la maestra y pretender que creamos que el único pacto que hizo con ella fue por la calidad de la educación.

Es una pena que el presidente de México dedique atención y tiempo a un asunto tan poco edificante como el supuesto intercambio de votos por cargos públicos y se sienta obligado a aclarar que “en  ningún momento hubo carta de impunidad para nadie, ni para la maestra ni para nadie,  [mucho menos] una licencia para saquear las arcas».

Yo no me puedo imaginar a don Adolfo Ruiz Cortines tratando de desmentir un arreglo político en un programa de noticias y menos aún procurando hacernos creer que tuvo que ceder cargos públicos a cambio de que un gremio de trabajadores del Estado, en este caso nada menos que los maestros, accediera a hacer bien su trabajo.

No me imagino ni siquiera a un presidente como Ernesto Zedillo tratando de evadir la responsabilidad de sus actos con el argumento de que el acuerdo con un líder sindical para cederle tal o cual institución, lo hizo su antecesor y el sólo se limitó a prorrogarlo. Pudo ser, pero es difícil imaginarlo.

La Constitución otorga presidente de la República la facultad para nombrar y remover libremente a sus colaboradores porque él es el único investido con el Poder Ejecutivo Federal y por lo mismo, el responsable también único de la gestión de su gobierno.

El espíritu de esa facultad constitucional es evitar que el presidente se vea forzado a designar en los cargos públicos a personas en las que no confía, pero negociar los puestos a cambio de lo que sea, es entablar compromisos o componendas con grupos de poder ajenos al Estado, y eso entra en conflicto con la libertad que el constituyente trató de dar al titular del Ejecutivo Federal.

El presidente de la República no debería descender a los albañales de la política para decir que “[…] hay acuerdos, sobre todo realizados por la administración anterior, en el sentido de que por ejemplo los directores de Lotería Nacional o del ISSSTE fueran dialogados, conversados, vistos en común con el Sindicato […]”

¿No existe un vocero oficial que dé la cara a los medios para no desgastar al titular del Ejecutivo? ¿No hay un secretario de Gobernación que asuma responsabilidades políticas de este calibre? ¿No hay un consejero en el círculo inmediato que le diga al presidente que entrar en un jaloneo de dimes y diretes no es propio del hombre que ostenta su investidura? ¿Alguien se beneficia con el desprestigio adicional de la institución más alta del Estado Mexicano?

Calderón acotó: “y yo no me opuse finalmente a eso». Pero más que no oponerse, el presidente ratificó la cesión de cargos públicos que había hecho Fox a Elba Esther, y debió agregar que además otorgó la Subsecretaría de Educación Básica para su yerno, pues ni siquiera una sociedad tan desinformada y despolitizada como la nuestra va a aceptar que ese nombramiento se debió a los méritos y aptitudes del señor Fernando González.

Quizás por una estrategia de control de daños, el presidente afirmó que la cesión de cargos públicos a Elba Esther fue “a cambio de que hubiera un acuerdo por la calidad educativa, cosa que sí existió». Si esto fuera verdad, sería deplorable que para asegurar la calidad de la educación en México el presidente tuviera que nombrar a unos señores Yunes y Yáñez en cargos públicos relevantes.

¿Por qué Yunes fue designado director de la principal institución de seguridad social para los trabajadores del Estado? ¿Es un especialista en seguridad social o tiene otras cualidades profesionales que lo hacían adecuado para ocupar ese cargo?

¿Y qué cualidades tenía Yáñez para que lo nombraran director de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, una institución que tiene fama de ser la “caja chica” del presidente, quizá porque los mecanismos de fiscalización en esa entidad son inoperantes o inexistentes? ¿Por qué confiar a un hombre cercano a la maestra Gordillo nada menos que el cuidado de esa caja?

Es lamentable que los gobiernos de la alternancia no hayan corregido vicios del ejercicio del poder público que el PAN denunció desde su nacimiento hace setenta años. Fox llegó con una enorme carga de legitimidad que se conoció como “bono democrático” y que nadie sabe para qué la utilizó, pero es evidente que no lo hizo para erradicar la corrupción en los más altos niveles del poder, incluso la que se atribuye a su esposa y los hijos de ésta.

Calderón llegó con un déficit de legitimidad, pero fue reconocido como el presidente de todos los mexicanos aun por los partidos que al principio lo calificaron de espurio. A diferencia de su antecesor, que era un empresario del Bajío, él proviene de una familia de panistas, obviamente conservadores, pero muy respetables, al grado de que su padre renunció al PAN cuando se percató de que el partido había caído en manos de grupos de gran poder económico.

Era de suponerse que los gobiernos panistas romperían con el Estado revolucionario, pues su partido fue creado precisamente para ello, pero hasta los más escépticos esperábamos que velaran por la honradez y el apego a la ley; no fue así, como lo demuestran los tratos que hicieron con Elba Esther Gordillo, pero lo que ahora habría que preguntarse es qué cedieron a grupos de presión más poderosos que el SNTE, como los monopolios de las telecomunicaciones o, para ser más precisos, algunos de ellos, pues ha sido evidente que el gobierno calderonista ha dejado caer “toda la fuerza del Estado” sobre el Grupo Carso y ha favorecido notoriamente Televisa y TV Azteca.

Una última acotación el uso del lenguaje: los directores no pueden ser dialogados ni conversados; se puede dialogar y conversar sobre ellos.

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