Gritos, manoteos, descalificaciones e insultos dio como resultado la conferencia de prensa programada por el Comité de Familiares Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca (COFADAPPO) para dar a conocer su versión, sobre la generalidad en la entrega del recurso que el Gobierno del Estado destinó como indemnización a las víctimas del conflicto social del 2006, y que fue suspendida en virtud de la llegada de quienes sí recibieron el recurso, así como del representante de la Liga Mexicana por la Defensas de los Derechos Humanos (LIMEDDH)
Y es que al ver que se habían juntado los dos grupos disidentes en el acuerdo del pago simbólico a la víctimas, Porfirio Muñozcano quien se autonombra como representante de la COFADAPPO decidió cancelar la conferencia de prensa, presuntamente para no caer en provocaciones, acto que molestó y encendió los ánimos de las personas presentes que gritaron acusándolo de “responder a intereses particulares”, así como de ser el responsable de la posible ruptura del movimiento.
Ahí Jorge Luis Martínez indicó que de manera irresponsable Porfirio Muñozcano pretendía dar a conocer los nombres de las personas que recibieron el recurso que el Gobierno del estado otorgó para el resarcimiento del daño a las víctimas del movimiento del 2006, razón por la cual lo responsabilizan de cualquier cosa que pudiera pasarles, de formar particular o familiar a quienes integraran dicha lista.
Indicó que Muñozcano carece de autoridad moral para denunciar irregularidades en el proceso de división y entrega del recurso, toda vez que en estos momentos se encuentra demandando al Gobierno del Estado por la cantidad de 3 millones de pesos, y como se le ha dado dicho recurso, ahora se encuentra manipulando al grupo minoritario de compañeros y compañeras.
Aseguró que el recurso otorgado tiene que ser para cerca de 500 personas afectadas, sin embargo debe de pasar por un proceso similar al que se sometieron los aproximadamente 80 beneficiarios y beneficiarias en este momento, para que cuenten con el beneficio.
“Hoy no podemos decir el monto total, ni la cantidad que corresponde a cada persona, por la seguridad de cada una de ellas, y si Porfirio lo hace, lo responsabilizamos de nuestra seguridad y la de nuestras familias” dijo a la par que desconoció la representatividad de Muñozcano al frente de la COFADAPPO.
Así mismo negó que sea verdad que Muñozcano haya sido excluido, y por el contrario detalló que su denuncia es particular.
La LIMEDDH se defiende
Por su parte el abogado y representante de la LIMEDDH, Isaac Torres Carmona manifestó que el proceso aun no ha terminado y que es de suma importancia que el Gobierno del Estado continúe con los procesos de reparación del daño, además que tiene que reconocer la inocencia y las violaciones cometidas en general de las más de 400 personas que fueron torturadas y encarcelas en el conflicto del 2006-2007.
Dijo que es el Gobierno del estado el que tiene que hacer un reconocimiento particular sobre las 64 personas que decidieron encauzar su demandan por vías jurisdiccionales, y no corresponde a la sociedad civil otorgar los datos de las personas que recibieron el recurso, toda vez que se pone en riesgo su integridad física.
“La gente tiene derecho a su pago, en medida de la reparación del daño moral, que es solamente una parte de la relación del daño integral, que en nada tiene que ver con pactar, ni impunidad ni derecho” dijo el abogado.
Así mismo indicó que tal pareciera que lo que está en juego no es la reparación del daño sino la inconformidad con el pago, y si es así tiene derecho a seguir con el juicio hasta donde tope, toda vez que no se les está obligando a formar la indemnización, a la par que desmintió que con esto ya quede saldada la parte de castigo a los responsables, lucha que no cesará hasta que el gobierno finque responsabilidades penales a funcionarios del sexenio anterior, que resulten responsables de los actos de represión y violación de los derechos humanos en contra de la ciudadanía oaxaqueña.
Torres Carmona también se deslindó de la responsabilidad en los casos de las personas afectadas de Miahuatlán, asegurando que quienes deben de responsabilizarse son las organizaciones defensoras de derechos humanos que estuvieron asesorando estos casos, que no supieron acompañar a la gente.
“Nosotros no atendimos a las personas afectadas en Miahuatlán, nosotros nos hicimos responsables de la estrategia legal que tiene que ver estrictamente con los compañeros que fueron detenidos en Tlacolula, los de Miahuatlán fueron asesorados por la licenciada Alba y el entonces Comité de Liberación 25 de Noviembre, y ahora el actual Código DH tiene que asumir su responsabilidad en el descuido y abandono de decenas de compañera y compañeros que sufrieron de violación de derechos” dijo el abogado de la LIMEDDH al convocante de la conferencia, Porfirio Muñozcano.
Reviran afectadas no haber sido tomadas en cuenta
“Todos somos víctimas, pareciera que esto es lo que quería el gobierno, dividir el movimiento, fragmentarlo y acabar con nuestras demandas” gritó a todo pulmón Socorro Soriano mientras mencionaba y ponía en evidencia que a pesar de haber sido presa política en el 2006, no les tocó ningún tipo de apoyo, del recurso otorgado por el Gobierno del Estado.
Negó que hayan sido convocadas por la LIMEDDH, a pesar de que en contadas ocasiones se acercaron a esta instancia para solicitar asesoramiento, por lo que decidieron participar en la conferencia de prensa para deslindarse de lo dicho por el Gobierno del estado, de que a todas y todos se les asignó una indemnización.
“Nosotros vamos por la justicia, no por el dinero” dijo entre gritos que se escuchaban por todo el salón, ya que mientras ellas hablaban, los grupos se confrontaban verbalmente sin parar, en una escena caótica.
Niega acusaciones Muñozcano
Aún con los ánimos encendidos, Muñozcano se negaba a hablar, hasta que el grupo contrario se retirara de la sala, sin embargo a insistencia de los medios de comunicación hizo lectura del boletín que tenía preparado para este día, donde se deslindó públicamente de manera particular y como organización de haber recibido indemnización alguna por parte del Ejecutivo estatal.
Aseguró que la lucha del 2006 no fue simbólica, ni la confianza que le otorgo el pueblo al Gobierno del estado mediante los votos, que tampoco fueron simbólicos, por lo que las víctimas tienen el derecho de no aceptar una indemnización simbólica y seguir exigiendo un programa de reparación integral de daños, que no debe limitarse a lo económico, sino que debe englobar el castigo a los responsables intelectuales y materiales de los crímenes del 2006.
Muñozcano indicó que resultó sumamente sospechoso que la entrega del recuro se haya realizado de manera discrecional y que de las 60 personas que se encontraban en proceso de la demanda civil con la LIMEDDH hayan sido excluidas 20, a los que se suman los compañeros de Miahuatlán que no realizaron el proceso civil y se fueron por la vía legal, por lo que la cifra se incrementa a 50 excluidas.
Además aseguró que se trató de un acuerdo entre la LIMEDDH y el Ejecutivo, y no de una resolución de la demanda civil, razón por la cual se torna aún más sospechoso el asunto y el recurso recibido, además de la aparición de algunos compañeros que desde el 2006 no se dejaban hasta estas fechas en que se habló de un recurso económico.
Así mismo negó que sea él quien esté pidiendo una indemnización de 3 millones de pesos, monto que se estipula en una demanda civil interpuesta por el licenciado Isaac Torres Carmona, y la cual se limita a lo establecido por los estándares internacionales, de acuerdo a lo dicho por el representante de LIMEDDH y de la cual, dijo, desistirá en el momento indicado del proceso.
Por último exigió una disculpa por parte del Gobierno y su representante, ya que públicamente dijo que fueron todos los afectados quienes recibieron la indemnización, cuando no fue así.
Agencia JM
