Revelación sorprendente la del presidente López Obrador, al admitir que fue él quien ordenó la liberación de Ovidio, hijo del Chapo Guzmán, de no hacerlo, “iban a morir 200 inocentes”, en aquel fatídico y desastroso operativo de Culiacán, Sinaloa, cuando fue aprehendido Ovidio Guzmán, quien fue llevado al aeropuerto por los militares para enviarlo a Ciudad de México, sin embargo, ordenes presidenciales recibidas al llegar al aeropuerto cambiaron el protocolo de inicio.
Ovidio fue liberado, ocasionado, por supuesto, las protestas y criticas sociales contra las sorprendentes decisiones del gabinete de Seguridad que obligaron a la claudicación de las fuerzas armadas frente al Cartel de Sinaloa.
Por lealtad al jefe, como lo dicta la disciplina militar, el Ejército, la Marina y el Frankenstein (Guardia Nacional) encabezado por Alfonso Durazo, cargaron con el descrédito, las culpas, la vergüenza al haber claudicado ante el poder del capo, amo y señor del Cártel de Sinaloa, territorio que controlan con inaudita fuerza armada.
Aquel día, el Cartel de Sinaloa desplegó con brutalidad sin límites, parte de su fuerza contra los militares que no tuvieron más opción que replegarse al estar en desventaja armada y no poner en más riesgo a la población civil. Aún así, con todo en contra, los soldados pudieron capturar a Ovidio, el hijo del Chapo.
La reacción del Cartel de Sinaloa por la captura de Ovidio fue exigir la liberación del detenido, de lo contrario los narcos dinamitarían las casas de los militares, mismas que estaban rodeadas por los narcos. Una vez que el presidente fue enterado de la situación, había que tomar decisiones: Una sería, no ceder al chantaje del Cartel de Sinaloa, a fin de no debilitar el poder presidencial y la fuerza de las instituciones del Estado, en este caso concreto, El Ejército, La Marina, la Guardia Nacional, las Policías Federal y local.
La otra opción era ceder a las exigencias del Cartel de Sinaloa en el sentido de liberar a Ovidio y dejar en libertad a todo su grupo de narcos, a cambio de no tocar a las familias y las casas de los militares.
Al día siguiente de los hechos sangrientos, el presidente López Obrador informó a la opinión pública que se había optado por una decisión del gabinete de Seguridad y que él la había avalado, posición que no extraña pues no acostumbra cargar con todo el peso de responsabilidades delicadas o comprometedoras, casi siempre las reparte.
El resto de la penosa decisión del gabinete de seguridad “respaldada” “por el presidente, en la que el Estado y gobierno accedieron a las demandas y presiones del Cartel de Sinaloa autorizando liberar a uno de los más peligrosos delincuentes del narcotráfico, queda claro que los carteles de la droga tienen licencia para actuar como quedó demostrado en el sangriento enfrentamiento de los carteles la semana anterior en los principales municipios de Guanajuato donde los narcos quemaron automóviles, bloquearon carreteras, hechos violentos que motivaron a la Embajada y consulados de Estados Unidos a lanzar una alerta de seguridad para pedir a sus ciudadanos no viajen a Guanajuato.
Siete meses después del “Culiacanazo”, el presidente volvió a sorprendernos. En esta ocasión no rehuyó ni se zafó de la responsabilidad de la liberación de Ovidio, como lo hizo en octubre del 2019, cuando le pasó el balón de la decisión a su gabinete de seguridad. El viernes pasado admitió: “Yo di la orden de que lo soltaran”.
La aceptación presidencial de su directa responsabilidad en el caso de Ovidio, revivió aquel día, que ya es anécdota, cuando el presidente viajó a Sinaloa para saludar a la mamá del Chapo Guzman por haberle enviado una carta solicitándole una visa humanitaria para poder viajar a Estados Unidos y poder ver a su hijo:
“Me pide que ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo y voy a hacer el trámite…yo creo que por razones humanitarias se le debería permitir”.
Solo que hay un asunto que no cuadra en el caso de la liberación de Ovidio, se trata de que la ley fue quebrada por el presidente López Obrador al haber ordenado directamente su liberación.
El articulo 150 del Código Penal dice al respecto:
“ Se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. […] Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementara la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda” o, ¨al precio de algunas reformas a la Constitución y, sobre todo, en el personal gubernamental”.
@luis_murat
