Expresidentes latinoamericanos que fueron derrotados en las urnas por sus programas neoliberales aparecen acurrucados por la derecha española de los exmandatarios José María Aznar y el defenestrado Mariano Rajoy. Por parte de México participan el autoexiliado expresidente Felipe Calderón Hinojosa y el xochilover Vicente Fox Quesada.
Los 21 expresidentes extranjeros y dos exmandatarios mexicanos son muy claros en sus objetivos: “rechazamos enérgicamente cualquier intento de modificar el sistema judicial que pueda debilitar la independencia y autonomía de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial mexicano, incluido el Tribunal Electoral; (sic por el punto y coma) como la propuesta del partido oficial Morena” y concluye ese párrafo que el Poder Judicial quiere ser capturado por la “justicia de opinión”.
El enfoque de los políticos retirados por el efecto social de las urnas parece desconocer dos criterios fundamentales de la iniciativa de reforma de Justicia: el derecho constitucional de los países de darse el régimen de gobierno que convenga a la correlación de fuerzas electorales y el batacazo de Morena al PAN de Fox y Calderón y a la candidata panista Xóchitl Gálvez Ruiz que hundió el voto presidencial del PAN a 16% sólo panista y sumó apenas 27% (como en 2012) con la coalición panista con el ¡PRI y el PRD!, contra el contundente 59.7% de la alianza de Morena.
A partir de un contundente saldo de casi dos terceras partes de los votos presidenciales, el bloque de Morena presentó la iniciativa de reforma judicial que tendrá que pasar por el filtro de la mayoría calificada de 67% de votos en la Cámara de Diputados para modificar la Constitución.
Fox y Calderón –los dos únicos presidentes panistas de la República que ganaron la presidencia, luego la perdieron ante el PRI y Morena hundió a ese panismo al sótano de la contabilidad electoral– encandilaron a expresidentes de la derecha española radical y latinoamericana, casi todos ellos derrotados en su momento por candidatos populistas.
El problema del pronunciamiento de los exmandatarios radica en su falta de representación política, toda vez que sus formaciones locales y los gobiernos de sus países de ninguna manera se involucrarían en un proceso político-legislativo-constitucional de la nueva mayoría política mexicana.
Calderón tiene varios años exiliado en España bajo el ala protectora de la derecha del Partido Popular que siguen controlando los expresidentes Aznar y Rajoy, este último destituido por un proceso parlamentario conocido como moción de censura y en su lugar arribó el dirigente de la izquierda socialdemócrata del PSOE.
No hay indicios oficiales en México de alguna persecución judicial contra Calderón, pero el expresidente ha tenido la sensatez de no tentar a su suerte, porque tiene cargando la responsabilidad directa y corresponsabilidad administrativa de las acusaciones, arresto, juicio y sentencia contra su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, indiciado en Estados Unidos por haber vendido protección al Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán. El juicio en México contra García Luna está latente, pero a la espera de los resultados del proceso judicial en EU, por lo que abogados calderonistas han sugerido el expresidente Calderón que no regrese a México.
Fox hizo su carrera política en el PAN –diputado, gobernador y presidente de la República–, fracasó en el intento de poner a su esposa Martha Sahagún en la candidatura presidencial del 2006, lo chamaqueó Calderón al quitarle la nominación oficial del partido, fue repudiado durante el calderonismo y terminó —sin sentido de la dignidad– haciendo campaña por el candidato priista Enrique Peña Nieto en el 2012, además de dedicarse a la instalación de un negocio todavía no en funcionamiento por razones legales para la comercialización reglamentaria de la marihuana.
Más que algún efecto en el proceso de debate legislativo de la reforma judicial presentada por Morena, el pronunciamiento de los 23 expresidentes latinoamericanos y españoles está siendo procesado en México como un intento intervencionista de la derecha/ultraderecha hispanoamericana, sin que, por lo demás, el PAN esté interesado en levantar el guante intervencionista extranjero de Fox y Calderón. Más aún, sin que hasta ahora el propio PAN tenga preparado alguna estrategia integral para intentar frenar o reventar el proceso de debate legislativo alrededor de la iniciativa de ley.
Lo interesante sería que el expresidente Calderón pudiera participar en persona, en vivo y en directo en una sesión del parlamento abierto mexicano sobre la reforma judicial, pero no se atreve todavía a regresar a México.
Política para dummies: la política con la mano del gato termina en un lindo minino.
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