Las diferentes plataformas de televisión en México se han llenado en los últimos años de series referidas a las bandas de narcotraficantes. Y en la pantalla estalla la violencia, los atentados, los balazos. Pero, bueno… es ficción, aunque sea basada en hechos reales.
Lo malo se percibe cuando la realidad rebasa a la ficción. El viernes 26 a las 6.38 de la mañana hora local en la elegante calle de Paseo de la Reforma estallaron miles de balazos en un atentado contra el jefe de la policía de Ciudad de México, capital de la república. Se usaron armas de alto calibre. Y dicen las referencias posteriores que la idea era romper el cristal de la camioneta con blindaje 5 para tirar una bomba incendiaria contra el jefe policiaco, por cierto, nieto del secretario de la Defensa Nacional en el sexenio 1964-1970 e hijo del prestigiado político y experto en seguridad Javier García Paniagua, precandidato a la presidencia de la república en 1981.
El escenario estratégico involucró un contexto complejo: el encuentro en los próximos días del presidente López Obrador con el presidente Trump en la Casa Blanca, la aprobación de Trump de la Operación Python contra el Cartel Jalisco Nueva Generación –señalado como autor del atentado contra el jefe policiaco–, el arresto y luego liberación de los padres del capo conocido como El Marro, jefe del Cártel Santa Rosa de Lima que se dedica al millonario negocio de extracción clandestina de gasolinas de los ductos oficiales, la orden de extradición ya firmada para capturar y enviar a los EEUU a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, ya preso de por vida en una prisión estadunidense y la orden presidencial para enviar de nueva cuenta a las fuerzas armadas a combatir a los cárteles.
Hasta ahora, la violencia del crimen organizado estaba localizada en unas diez ciudades del interior de la república, lejos de los estados de ánimo de los capitalinos. Pero el viernes 26 la violencia del tableteo de las ametralladoras Barret despertaron a una ciudad ajena a esa violencia. En julio del año pasado hubo un asesinato artero en un restaurante lujoso en el también lujoso centro comercial Artz del sur de la ciudad.
Las cifras oficiales han registrado aumento en la violencia criminal. El año de 2019 contabilizó 32,582 homicidios dolosos o violentos, una media de 90 diarios en todo el país. Para 2020 se prevé que la cifra sea mayor. Y en una revisión de cifras de diciembre de 2006 –año en que el presidente Calderón autorizó la participación de las fuerzas armadas en labres de apoyo a la seguridad– a finales de 2019 se han contabilizado más de 322,000 homicidios violentos en México, una media de 23 mil al año.
De diciembre de 2006 a noviembre de 2018, la estrategia fue perseguir delincuentes, confrontar cárteles y liquidar jefes criminales de las principales organizaciones. El saldo fue aceptable: el 85% de los capos fueron muertos, arrestados o extraditados, pero las estructuras siguieron vigentes. El presidente López Obrador cambió la estrategia: no perseguir capos y crear condiciones para recuperar la paz, incluyendo el cambio de giro de algunos delincuentes. Su estrategia se denominó “construcción de la paz”, reducida a su propia frase de “abrazos, no balazos”.
El atentado contra el jefe de policía de la capital de la república modificó el escenario simbólico: presuntamente el cártel número 1, el Jalisco Nueva Generación, habría atentado contra el funcionario. El asunto grave es que una semana después del incidente no hay una versión oficial que incrimine al CJNG y todo se reduce a un tuit del propio jefe agredido, minutos después del ataque, dijo que el Jalisco Nueva Generación era el responsable. Por cierto, ese mismo cártel se acreditó el asesinato de dos judíos en la Plaza Artz a mediados del año pasado.
Los datos están dispersos, la información oficial es cuantitativa, las valoraciones oficiales son muy optimistas y el ambiente de temor sube ante la escalada de violencia. Las sociedades en las zonas de conflicto aumentan miedos, muchas zonas territoriales del país siguen controladas por cárteles, la fuerza del Estado siempre mayor a la de los criminales ha sido acotada por la estrategia de no perseguir capos. Las agresiones de cárteles contra partidas federales de seguridad son crecientes y la respuesta sólo es de autodefensa. La capacidad económica del Estado es menor a los requerimientos para ofrecerles alternativas productivas a los delincuentes.
El atentado contra el jefe de la policía de Ciudad de México fue un punto de inflexión en el activismo criminal. La audacia de llenar el ambiente matutino con el tableteo de las metralletas Barret fue el aviso ruidoso de que los cárteles están escalando la violencia en la capital de la república, dejando un cuádruple mensaje: es la sede del presidente de la república, las armas son superiores a las de los policías, la jefa de gobierno local es una de las preferidas del presidente López Obrador para sucederlo en el cargo en 2024 y ningún ciudadano estará tranquilo si el jefe de la policía es enviado al hospital con varias balas en el cuerpo.
Las tres agendas de la crisis del gobierno actual siguen escalando negativos: la salud del coronavirus seguirá hasta octubre y se unirá a la crisis de influenza hasta marzo del año próximo, la economía decrecerá -14% en este año y tardará en reactivarse y ahora la inseguridad llegó hasta la capital de la república y tocó nada menos que al jefe de la policía.
México ha entrado en una zona de tensión, incertidumbre y decrecimiento económico que estará agitando los tiempos políticos; elecciones de cámara de diputados en julio del 2021 y votación por revocación del mandato presidencial en marzo de 2022. Y en 2024 se votará presidente para el sexenio 2024-2030.
