El principal problema del proyecto de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es el mismo que tuvo el presidente López Obrador después de ganar las elecciones en 2018: carecer de un verdadero nuevo modelo de desarrollo nacional y quedar atado a lo que el presidente Carlos Salinas de Gortari dejó muy bien atado con el Tratado de Comercio Libre.
Es decir, la 4T careció de un modelo alternativo y por eso fue que la propuesta del tabasqueño la resumió en un concepto que era todo lo que se hubiera querido pero nada de lo que pudo hacer: el posneoliberalismo.
El desafío de López Obrador y de Sheinbaum Pardo está a la vista: el Tratado Salinas-Serra se redujo solo a la liberación arancelaria entre los dos países y la libre importación de productos estadounidenses y provocó el mayor daño económico que gobierno alguno le hubiera aplicado a la nación: la destrucción de la planta productiva, la desindustrialización y la privatización del ejido que no llevó a nuevas unidades agropecuarias.
Ahí reventó lo poco que había logrado en México en años anteriores de políticas de industrialización y que se había enmarcado simbólicamente en el concepto nacionalista que hoy se quiere revivir como marca: Hecho en México. La desindustrialización del Tratado Salinas-Serra desarticuló productos completos hechos en México y desmanteló a la planta productiva.
Si la propuesta de la presidenta Sheinbaum es ir abandonando paulatinamente el Tratado en aras de un nacionalismo productivo muy parecido al modelo de sustitución de importaciones que también fracasó en los sesenta por falta de una política productiva, entonces la gran tarea será reconstruir en 30 días lo que sin duda debe requerir de mínimo 30 años: una estructura productiva industrial de agropecuaria que por sí misma y con los recursos privados nunca se alcanzará y que requiere de enormes recursos presupuestales del Estado orientados justamente al objetivo de construir una nueva planta industrial y agropecuaria.
La presidenta Sheinbaum tiene todas las razones para empujar y potenciar el Plan México, pero si se revisa con sentido estructural ahí apenas si se dan algunas pinceladas de lo que requiere México como planta industrial para aspirar y a ser un país altamente desarrollado. Los cuellos de botella o pies de barro del Plan México no están en la agenda presidencial: enormes cantidades de dinero para configurar nuevas políticas para la educación y la tecnología y la falta de una clase trabajadora especializada –el 55% es informal– y un Estado que solo tiene recursos para seguir subsidiando las improductivas obras insignia de López Obrador y no le alcanza siquiera para cubrir las necesidades de los programas sociales.
Si se revisan bien las participaciones empresariales en las reuniones del Plan México, no se percibe ninguna voluntad real del sector productivo privado para correr la aventura de reconstruir o construir lo que el Tratado Salinas-Serra destruyó. No se necesita mucha perspicacia para concluir que los empresarios son acarreados a Palacio Nacional para las fotografías oficiales o para pasar revista a su función como contratistas menores del Estado y no empresarios creadores de infraestructura productiva de alta calidad.
El Plan México podría ser el primer gran paso de México para poner el objetivo de largo plazo de un desarrollo industrial y agropecuario de primer nivel, pero para ello se requeriría una propuesta de nuevo programa de desarrollo industrial y agropecuario que debía estar en el área de la Secretaría de Economía, pero esa dependencia está en manos de un político solo será un trampolín transexenal.
En términos de progresividad sexenal, López Obrador fue certero en señalar que el Tratado Salinas-Serra provocó la transformación neoliberal de México para subordinarla a las necesidades productivas de Estados Unidos, pero se quedó estancado en el concepto gelatinoso de un ideal posneoliberal en tanto que careció de una propuesta real de proyecto económico nacional para decir hacia dónde debería ir la República y se ahogó en sus obras insignia basadas en ideas personales pero aisladas de un modelo de desarrollo.
El Plan México da un pasito adelante en términos muy teóricos y generales, pero carece de la definición de un Estado promotor del desarrollo, con capacidad para definir las líneas de industrialización y salto agropecuario y desde luego que no refiere ni por equivocación un compromiso real de pacto productivo Estado-sector privado-trabajadores, y al final quedará como un nuevo plan demagógico que nada tiene de planificación.
En 30 días se tendrá que presentar un proyecto nacional neoliberal que corrija unos 50 años de desarticulación del proyecto nacionalista de desarrollo.
(PRECISIÓN: por un error propio, se escribió ayer que el lapso era de 70 años. No es así. Es de 50: en 1975 llegó López Portillo como candidato y ahí inició el ciclo neoliberal.
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