Luego de demandar por la vía civil al gobernador del Estado Ulises Ruiz Ortiz, a los diputados Herminio Cuevas Chávez, Jorge Octavio Guerrero Chávez y al edil de Santa Lucia del Camino, Alejandro Díaz entre otros, el legislador perredista Wilfredo Vázquez López exigió a las autoridades electas ejecutar ordenes de aprehensión en contra de funcionarios públicos involucrados en el conflicto socio político del 2006.
Detalló que ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha señalado a Lino Celaya Luria, Lizbeth Caña Cadeza, Jorge Franco Vargas los extintos Aristeo Martínez López así como Alejandro Barrita sólo por mencionar algunos como principales represores del movimiento social gestado hace ya cuatro años.
“Ya que existen algunas averiguaciones previas en contra de algunos funcionarios públicos tal como lo reconoció, durante su comparecencia del año pasado, el entonces Procurador de Justicia del Estado Evencio Nicolás Martínez, quien sostuvo que ya habían averiguaciones previas en contra de funcionarios públicos”, apuntó.
En este mismo sentido manifestó que la demanda civil en contra de los funcionarios estatales antes mencionados se debe a que el pasado cinco de agosto estos incurrieron en agresiones morales en su contra.
Por lo que exigió a las autoridades correspondientes que los sujetos subrayados ofrezcan una disculpa pública en sesión extraordinaria del Congreso del Estado, con la misma difusión con la que el diputado perredista fue objeto de daño a su reputación.
Asimismo exigió un reconocimiento a las diputadas priistas Claudia Silva Fernández, Eva Diego Cruz y María Teresa Marín así como a la legisladora panista Perla Woorlich Fernández, por haberlo protegido de de dichas agresiones.
