Durante los últimos días – primer período de campaña – ha sido constante la utilización de la expresión “voto útil”, algo que en períodos electorales anteriores solía convocarse en los últimos días o como estrategia en la última etapa de la contienda electoral, sin embargo, hoy, pareciera que lo histórico de la elección conllevará cambios en las estrategias.
Se ha considerado como voto útil, al que concede la ciudadanía afín a un partido o candidato hacia otro partido o candidato con mejores posibilidades en la contienda
con el objeto de conjuntar esfuerzos y ganarle al primero, olvidando si en las ideas, plataformas o intereses particulares y colectivos existen coincidencias; la utilidad del voto se transforma en sólo ganarle al puntero. De forma ordinaria este llamado es realizado por quien se encuentra en segundo lugar de las preferencias hacia quienes están en lugares inferiores.
En la historia de nuestro país ya hemos tenido resultados importantes sobre este llamado, los realizados por Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña en el 2000, 2006 y 2012 respectivamente; todos los convocantes ganaron, el triunfo de Cuauhtemoc reconocido públicamente de forma posterior por quien participó en la caída del sistema; el sexenio de Vicente Fox enmarcado por una compra de toallas y actos de corrupción entre los hijos de la ex primera dama y el gobierno federal; Calderon recordado por el número de muertes y el actual presidente por los actos de corrupción a nivel internacional, los dos últimos compitiendo contra el mismo puntero y con los resultados ya conocidos, sus esfuerzos se centraron en una buena estrategia para ganar una elección y no en ejercer un buen gobierno.
El llamado al voto útil per se reconoce que las propuestas del que invoca y las de los convocados no han sido llamativas, no han generado interés ni conexión con el electorado. Los objetivos principales de la contienda electoral de contrastar ideas, promover acciones para un mejor gobierno o gobernanza se colocan de lado por sólo asumir el poder.
La estrategia electoral es eminentemente matemática al centrarse sólo en la suma de los simpatizantes o afines de los otros candidatos bajo la premisa central de que ellos no ganarán. El llamado no es a votar por el convocante sino en contra del primer lugar, como estrategia electoral podría considerarse “barata” porque no genera compromisos con los candidatos ubicados en lugares inferiores ni con sus simpatizantes, el llamado es a votar por alguien mejor ubicado en las preferencias no por un mejor proyecto, plan de gobierno o formación de un gabinete de coalición.
Genera la posibilidad de que los otros aspirantes no obtengan espacios de representación en otros niveles de gobierno como los municipales o los congresos locales, con ello, la división y equilibrio de poderes no estaría garantizada, acto contrario a la naturaleza de la democracia moderna porque lo que se pretende es una mayor participación ciudadana y una mayor y mejor división de poderes que impacte en un ejercicio de pesos y contrapesos efectivo.
Desde otra perspectiva, el llamado al voto útil implicaría a contrario sensu que quien no lo haga, sería un voto inútil. Bajo estas consideraciones el voto útil tiene sólo un objetivo, la utilidad del voto hacia un aspiración del poder, no colectiva porque no implica la integración de los equipos o propuestas de los aspirantes en la construcción de un programa o plan de gobierno.
El llamado al voto útil debe servir para promover la participación ciudadana y sufragar por las mejores propuestas y por quien la ciudadanía considere el mejor perfil, y la utilidad del voto para respetar la manifestación de las diferentes creencias o afinidades, que conlleve el respeto a la representación de las minorías en los diferentes niveles de gobierno, en el Congreso de la Unión y los poderes legislativos locales, lo que permitiría una verdadera división de poderes, consolidar el ejercicio de pesos y contrapesos y abonar a la construcción de un Estado Democrático de Derecho.
(*) El autor es Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en Oaxaca.
Egresado de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y realiza estudios de posgrado en el Centro de Investigaciones Jurídico Políticas de las Universidad Autónoma de Tlaxcala(CIJUREP-UATX).
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