#JaimeGUERRERO
Lo que pareció una votación divida para Morena y sus aliados en el Congreso de Oaxaca sería en realidad, una jugada calculada.
El rechazo al dictamen de revocación de mandato de Italivy Sarahí Juárez Ramírez, presidenta municipal de San Agustín Amatengo, en el Distrito de Ejutla, se evidenció como acuerdo político legislativo orientado a descarrilar la destitución individual de la alcaldesa para abrir paso a una salida de mayor alcance: la desaparición de poderes del Ayuntamiento, que implicaría la remoción de todo el Cabildo.
Con 8 votos a favor y 21 en contra, el dictamen no alcanzó la mayoría calificada de dos terceras partes requerida, y el pleno resolvió devolverlo a la Comisión de Gobernación y Asuntos Agrarios.
En los pasillos del Congreso, legisladores cercanos al proceso confirmaron que la votación negativa no respondió únicamente a convicciones individuales, sino a un acuerdo para transitar hacia el procedimiento eventualmente de desaparición de poderes, figura jurídica que permitiría remover de un solo golpe a la presidenta municipal y a los integrantes del Cabildo que han protagonizado el conflicto que paraliza al municipio.
La Comisión de Gobernación y Asuntos Agrarios había acreditado tres causales de revocación: inasistencia de la presidenta a sesiones consecutivas sin justificación, realización de actos que dan origen a la desaparición de un ayuntamiento, y generación de conflictos reiterados contra el cabildo y la comunidad.
El diputado Reynel Ramírez Mijangos detalló que la solicitud fue promovida por seis integrantes del propio cabildo, y que las ausencias de Juárez Ramírez —documentadas en las sesiones del 9, 17 y 28 de octubre y del 11 de noviembre de 2025— paralizaron decisiones en salud, educación, obras y servicios básicos.
El presidente de la Comisión, Mauro Cruz Sánchez, respaldó el dictamen en tribuna con un discurso de rendición de cuentas: “El pueblo exigió cuentas y recibió silencio”.
Sin embargo, su nombre también circuló entre quienes señalaron que el acuerdo para votar en contra ya estaba sellado antes de que comenzara el debate.
La sesión no estuvo exenta de tensión. La diputada Concepción Rueda Gómez protagonizó el momento de mayor crispación al denunciar “violencia política en razón de género institucionalizada” y señalar que el Congreso mostraba una “peligrosa facilidad para destituir a las mujeres que llegan a la presidencia municipal”.
Sus palabras desataron reacciones airadas de los grupos opositores a la alcaldesa presentes en el recinto, quienes la increparon verbalmente al final de la sesión.
Las diputadas Denisse García Gutiérrez y Elisa Zepeda Lagunas sumaron argumentos sobre el doble rasero —presidentes hombres con conductas graves sin consecuencias equivalentes— y el debido proceso, cuestionando que la presidenta hubiera sido declarada en rebeldía sin certeza de haber sido debidamente notificada.
Italivy Sarahí Juárez Ramírez conservó su cargo, pero la calma es provisional.
El dictamen no fue archivado sino devuelto a comisión, lo que en la práctica deja abierta la puerta para articular el procedimiento de desaparición de poderes.
De prosperar, la alcaldesa y el cabildo que promovió su destitución enfrentarían juntos la remoción. La presidenta municipal ganó una batalla. El Ayuntamiento en pleno podría estar por perder la guerra.
