La administración de Gabino Cué Monteagudo, violentó el decreto por el cual fue creada la Comisión de la Verdad, al nombrar de manera arbitraria y a modo a exfuncionarios políticos de Oaxaca y Chiapas.
De acuerdo a la Asamblea Permanente de Victimas del 2006 y 2007 “Todos Somos Uno”, los artículos 9 y 10 de los decretos del 2013 y 2014; el primero destaca que el organismo debe de estar integrado por tres comisionados y tres representantes del movimiento social.
Mientras que el segundo específica que ésta no puede ser conformada por servidores públicos y dirigentes; ambos fueron violentados al dejar fuera a las víctimas y nombrar a María Jiménez, quien fungió como funcionaria electoral en Chiapas e impugnada para formar parte de la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad.
Además de María Eugenia Mata, quien ha sido concejera electoral de Oaxaca durante varios sexenios, por lo que consideraron que el organismo fue amañado y creado a modo de los intereses del gobernador Gabino Cué Monteagudo.
Esto para tergiversar, ocultar la información y que los casos queden en la impunidad para poder así exonerar a los ex funcionarios responsables de las desapariciones, muertes, torturas y demás.
Aunque aseguraron que el párroco Alejandro Solalinde Guerra, es el único que garantiza de alguna forma sus derechos, el resto fue nombrado a modo de Cué Monteagudo, quien ha perdido credibilidad y se ha ganado el repudio de los oaxaqueños y oaxaqueñas.
Por lo que se exigió la reconformación de la Comisión de la Verdad, sin embargo esta petición no ha tenido respuestas, ya que aseguraron que fueron engañados y burlados además de que se les entretuvo el pasado 14 de junio con la Primera Audiencia Pública de este organismo.
En donde se les prometió un informe sobre la estructuración de la misma y una explicación del por qué las víctimas no pudieron conformar la misma en este mismo sentido manifestaron que han solicitado de manera insistente una audiencia con Gabino Cué Monteagudo y Eréndira Cruz Villegas coordinara de Derechos Humanos del Estado, pero no han sido atendidos.
Por el contrario aseguraron han sido discriminados y ofendidos, toda vez que la funcionaria ha mantenido un trato despótico “como si fuéramos a pedirle un favor”, aseguraron tras reconocer que algunas de las victimas recibieron cerca de 165 mil pesos por los daños, pero que consideraron no son suficientes ni integrales.
Carina García/Libertad-Oaxaca.info
