En Oaxaca, la reforma educativa quedó en el papel.
Esto, como consecuencia de los acuerdos entre la Sección 22 de la CNTE y Gobernación que violentan una decena de artículos de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Dicha legislación es el corazón de la reforma educativa constitucional impulsada por el Gobierno federal y aprobada por el Congreso.
Los maestros de Oaxaca estuvieron en el DF del 9 al 11 de febrero, tres días seguidos en los que no dieron clase, sin que por ello hayan sido separados o removidos del servicio educativo.
Dicha omisión transgrede el artículo 76 de la ley.
En las dos minutas firmadas este año entre la CNTE y la Segob se explica la falta de sanción.
En éstas se destaca el compromiso del Gobierno de Oaxaca y la Federación de ser “respetuosos” de los acuerdos políticos suscritos.
Asimismo, de los derechos laborales, económicos, administrativos y sindicales de la Sección 22.
Por lo que destacan su intención de mantenerlos vigentes y garantizar la estabilidad laboral.
Uno de esos derechos es el que se refiere a que no les puede quitar la plaza.
Amparada en los compromisos de los gobiernos estatal y federal, la CNTE reivindica también como derechos los ascensos mediante escalafón.
Por ello, en Oaxaca, la Coordinadora pudo emitir tres convocatorias para la promoción a cargos de director, subdirector y supervisor sin atender los lineamientos que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) elaboró para este año, cuando se ponen en marcha.
Lo anterior, a pesar de violentar así el artículo 7 de la ley educativa, que señala que el INEE es el único responsable de expedir los lineamientos a los que se sujetarán los estados para la evaluación del ingreso y promoción a cargos de dirección y supervisión.
En sus convocatorias, la CNTE establece como requisitos la copia del título profesional y de la cédula y constancia original de una “participación sindical” del 80 por ciento.
Además, exige haber estado presente en la “jornada de lucha masiva” que se realizó en el DF del 9 al 11 de febrero.
Todas estos requisitos violan el artículo 26 de la legislación, en el que se establece que las promociones dentro del servicio docente se realizarán sólo por concurso de oposición.
El año pasado, y lo que va del ciclo escolar actual, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca abandonaron los salones de clase durante 53 días.
Ninguno de los profesores de la Sección 22 ha sido sancionado, a pesar de que el artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente señala que, al faltar tres días consecutivos sin justificación, el maestro será separado del cargo.
“El servidor público del sistema educativo (…) que incumpla con la asistencia a sus labores por más de tres días consecutivos o discontinuos, en un periodo de treinta días naturales, sin causa justificada, será separado del servicio sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado, y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades”, señala el artículo.
Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, aseguró que el artículo es letra muerta con la CNTE, debido a los casos recurrentes del ausentismo magisterial.
Otra violación, dijo, no sólo a la Ley General del Servicio Profesional Docente, sino al artículo Tercero Constitucional, son los concursos a los que ha convocado la Sección 22 para otorgar plazas de maestros, así como ascensos y promociones de directores y supervisores.
“Al mismo tiempo, la CNTE insiste en que se le reconozcan las plazas que tampoco fueron asignadas por la vía del concurso. La Coordinadora busca mantener posiciones por la vía de las marchas y plantones”, reprochó.
El especialista criticó la sistemática violación a la reforma educativa, aprobada en 2013, y que modificó el artículo Tercero de la Constitución, estableció la Ley General del Servicio Profesional Docente, y el Sistema Nacional de Evaluación, del cual, la máxima autoridad con autonomía es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
“Estas violaciones a la ley se han dado de manera sistemática desde que se aprobó el nuevo marco legal vigente, sin que las autoridades educativas estatales, federales y el INEE hayan hecho valer el Estado de Derecho”, indicó.
Lo que más sorprende frente a esta violación sistemática a los mecanismos y lineamientos de evaluación, que son la pieza fundamental del nuevo Servicio Profesional Docente, alertó, es el silencio del INEE.
“El órgano sabe muy bien que dentro de sus facultades está encargada de que la asignación de plazas se realice de acuerdo con los lineamientos que establece, así como las promociones a cargos de director y supervisor, y preocupa, por eso, que guarden silencio”, expresó.
Lo mínimo que debería hacer el INEE, opinó, es decirles a las autoridades educativas estatales y a la SEP que no se reconozcan las plazas otorgadas fuera de los concursos y las promociones que entregó la CNTE.
“Tendría que tener el INEE firmeza y valor para denunciar la violación al marco jurídico”, reiteró.
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