Jaime GUERRERO
El pasado 1 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que, emitió nuevas medidas cautelares a favor de las familias triquis de la comunidad de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, que se encuentran desplazadas en Yosoyuxi Copala, debido a que, se encuentran en una situación de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
La resolución se emitió el 27 de octubre de 2023, en la que, la CIDH solicitó al gobierno mexicano a adoptar las medidas necesarias, y culturalmente adecuadas, para salvaguardar la vida e integridad personal de las familias triquis de la comunidad de Tierra Blanca Copala.
El organismo internacional informó que el Estado mexicano respondió que “la compleja dinámica en la Región Triqui, donde distintas organizaciones habrían estado involucradas en conflictos políticos y sociales durante décadas, y que, desde los hechos ocurridos en 2020, ha dado atención permanente al conflicto Triqui, destacando apoyos económicos, de salud y alimentarios.
Así mismo, el gobierno de estatal habría instalado la Mesa de Construcción de Paz con Justicia y Bienestar para la Nación Triqui con la participación de instancias federales, municipales y organizaciones sociales.
Además, de una base de policía estatal en la Comunidad Tierra Blanca y aprobar Jornadas de Atención Social a las personas desplazadas en la comunidad Yosoyuxi Copala”, según la respuesta de las autoridades mexicanas.
Sin embargo, la CIDH aseguró que valoró las acciones desplegadas por el Estado, pero observó la continuidad de las acciones violentas.
Es por ello, que el organismo consideró la imposibilidad de que las personas desplazadas regresen de forma segura a su comunidad Tierra Blanca Copala, y el impacto que ello podría tener en ellas y sus familias.
Adicionalmente, destacó que no se han presentado avances en la sanción a quienes serían los responsables de los eventos de riesgo, es decir, de la violencia en la región.
La CIDH demandó medidas de seguridad que resulten necesarias y garantizar que puedan regresar de manera segura a su comunidad a las personas beneficiarias y/o sus representantes.
De la misma forma, informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
“El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen un prejuzgamiento a una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables”, aclaró.
La CIDH explicó que el 26 de diciembre de 2020 un grupo de aproximadamente 100 personas que presuntamente son de la organización Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), ingresaron en forma violenta a la comunidad de Tierra Blanca Copala.
Esto generó el desplazamiento forzado de 144 familias hacia distintas partes del país.
“Múltiples hechos de violencia habrían ocurrido desde diciembre de 2020 a la fecha, especialmente contra las familias desplazadas en la comunidad Yosoyuxi Copala”, mencionó de acuerdo a la parte solicitante de las medidas cautelares.
