Las notas sobre ejecutados, decapitados y cadáveres disueltos en ácido que un día tras otro leemos en la prensa nacional polarizan nuestra atención en un tipo específico de violencia desatada por las actividades delictivas del narcotráfico, pero en realidad tiene muchas caras. Una de ellas, peligrosa y absurda, es el uso legalizado de armas de fuego que periódicamente produce hechos estremecedores en Estados Unidos debido a la facilidad con que los ciudadanos estadounidenses pueden adquirir desde una chinampina hasta un pavoroso fusil ametralladora de esos que hacen las delicias de los J.I. Joes.
El crimen múltiple más reciente puso entre la vida y la muerte a la legisladora demócrata Gabrielle Giffords y ultimó al juez federal McCarthy Roll durante un mítin político en Tucson, Arizona. Seis personas en total perdieron la vida y varias más resultaron heridas. Mucho episodios sangrientos han puesto a debate la venta de armas entre particulares en Estados Unidos. Por ejemplo, el de 1966 en la Universidad de Texas, el de la secundaria Columbine en 1999 y la masacre del Tecnológico de Virginia en 2007, que dejaron 16, 15 y 33 muertos respectivamente, además de un número considerable de heridos y otros con secuelas incapacitantes.
A pesar de estos y muchos episodios como sacados del far west que han cobrado la vida de jóvenes y viejos, hay en el país del norte un conjunto ciudadano que defiende a sangre y fuego la adquisición de armas y la equipara a una de sus libertades más importantes. De hecho, después del triunfo de Barack Obama la venta de armas se disparó espectacularmente debido al rumor de que su administración intentaría modificar la ley para hacerla más restrictiva y que impondría límites a la adquisición de pistolas y rifles de asalto semiautomáticos, vía el incremento agresivo de impuestos. Ante esta posibilidad, los ciudadanos que perciben la medida como un atentado a sus libertades se dieron a la tarea de pertrecharse. De acuerdo con reportes del Departamento de Estado, la recaudación de impuestos de 2008 a 2009 en la industria de armas y municiones creció 43% y ascendió a 109.8 millones de dólares.
Este sector goza de cabal salud pese al entorno económico poco propicio. La Segunda Enmienda constitucional, que salvaguarda el derecho a poseer armas, le ha dado a Estados Unidos el primer sitio entre los principales países desarrollados en la tasa de violencia por arma de fuego, con 13.70 muertes por cada cien mil habitantes; eso sólo en el año 2000, cifra que incluye homicidios, suicidios y accidentes fatales.
Por una parte, la defensa del marco legal que permite poseer armas mantiene próspero al sector industrial que produce armas y municiones, y por la otra sangra al erario público que debe hacer uso de grandes recursos para encarar los efectos de la violencia. Sólo en la década anterior el costo de la atención médica para atender las lesiones y la discapacidad producida por la violencia causada por armas de fuego se mantuvo en alrededor de cien millones de dólares anuales según datos recabados por Alejandro Moreno del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.
Si el costo económico es grave, el social se vuelve altísimo según lo muestra la reciente matanza de Tucson. No se trata ya del individuo extraviado y solitario que arremetió contra sus compañeros y profesores en el Tecnológico de Virginia. Ahora los asesinatos masivos se vuelven una forma de dirimir disputas políticas, pues la legisladora Giffords había recibido amenazas de muerte, producto de la intolerancia y el clima de crispación que han desatado políticos conservadores como una manera de enfrentar el triunfo demócrata, entre ellos la ex candidata republicana a la vicepresidencia Sarah Palin y la gobernadora de Arizona Jan Brewer, quien promulgó la ley que autoriza a los ciudadanos a portar armas sin permiso.
A Palin se le considera impulsora del movimiento ultraconservador del Tea Party, emblema de la lucha de Independencia de los Estados Unidos y hoy escudo de quienes dicen defender los valores originales americanos, cuando en realidad se trata de la defensa de la supremacía blanca. A Jared Lee Loughner, responsable de la matanza, se le asocia con ese movimiento y se dice que la legisladora Giffords sufrió el atentado por su postura a favor de la reforma migratoria.
Sarah Palin, miembro destacado de la Asociación Nacional del Rifle y quien proveyó a la prensa de polémico material por su afición a cazar lobos desde una avioneta, es responsabilizada indirectamente de la matanza en Tucson. Su página web, titulada “Dónde ha estado Sarah Palin cazando demócratas” fue cerrada inmediatamente después del atentado. El columnismo político opina que se volvió literal.
Profesor – investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de la UPAEP Puebla.
19/01/11
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