Comenzaré mi artículo compartiendo las dos definiciones a las que he hecho referencia en el título: vergüenza y dignidad. Ambas tomadas del diccionario de la real academia de la lengua. Comencemos pues con el término vergüenza: proviene del latín verecundia, o sea la turbación del ánimo que se produce por una falta cometida o por alguna acción humillante y deshonrosa, ya sea propia o ajena. Por lo tanto un sinvergüenza es aquél que no tiene decoro o cuya moral no le impide cometer faltas éticas. Vayamos ahora con la definición de dignidad. Del latín dignitas, es la cualidad del digno. Este adjetivo hace referencia a lo correspondiente o proporcionado al mérito de alguien o de algo, al merecedor de algo y aquello de calidad aceptable. La dignidad implica el reconocimiento a la condición humana y al respeto.
He comenzado con éstas definiciones, ya que el jueves pasado fui enterado de la renuncia que presentaría al cargo de Secretario de Turismo y Desarrollo Económico, mi amigo Alfredo Ahuja Pérez. Lo anterior derivado de una situación a todas luces irregular, como lo fue el haber presentando documentación apócrifa para cubrir un requisito establecido en la ley que el mismo Alfredo y todo el gabinete juraron cumplir y hacer cumplir. Contrario a la mayoría de comentarios que como reguero de pólvora comenzaron a circular, de inmediato reconocí el alto nivel de vergüenza que posee Ahuja Pérez; más cuando decide salir a los medios a reconocer que su vocación por la política lo había llevado a cometer actos, que incluso los más duros catalogan como un delito. Esa es la vergüenza, pero más, esa es la dignidad de la que han carecido diversos funcionarios que en su afán por permanecer en el poder olvidan vergüenza y dignidad. Por supuesto que no justifico lo cometido por Alfredo, pero sí le aplaudo que haya rectificado en lo posible y que con su determinación haya contribuido a retomar la confianza en un gobierno que ofreció ser y proceder distinto a los anteriores.
Leí algunos comentarios de que si éste era el cambio ofrecido por la Coalición “Unidos por la paz y el progreso” y prometido por el Gobernador Gabino Cué, a lo que la respuesta que ofrezco a título personal es ¡sí! De inmediato recordé el principio Juarista al que Cué Monteagudo hizo referencia durante su campaña en el sentido de que nadie podría estar por encima de la ley, más cuando horas después me entero de que el titular del ejecutivo concede un plazo de 24 horas para que los funcionarios de primer nivel de su gabinete exhiban su documentación que la ley les exige. Dicen que sólo el que no hace nada, no se equivoca. Por lo que resulta loable es la determinación no sólo de aceptar el error, sino adicional de corregirlo de inmediato. Como solía hacerse en antaño, nada hubiera costado sostener al amigo por dos, cuatro y hasta seis años, pero no; ese no fue el cambio prometido. Y sí estimado lector, sé lo que está pensando, por eso aquí mismo sostengo que también Irma Piñeiro, por las dos razones antes enunciadas y para que tenga la calidad moral de exigir que la ley se cumpla, también debería separarse del cargo, a pesar del error de los señores diputados de dispensarle los requisitos de ley. O todos coludos, o todos rabones. Ya Alfredo con dignidad puso el ejemplo.
Lo sostuve la semana anterior y lo reitero una vez más: la ley es la ley, y hay que acatarla. Precisamente por no respetarla, y por no ajustar nuestra actuación a lo que en ella se establece, es que Oaxaca se convirtió en el ejemplo viviente del caos. Es por ello que creo que el mensaje claro que nos envía el Gobernador Gabino Cué, va en el sentido de que todo aquél que no ciña sus actos a lo establecido a la norma jurídica, que asuma las consecuencias de los mismos. Y éste mensaje no sólo lleva como destinatario a los miembros del gabinete, sino también para quiénes haciendo a un lado la ley se apoderan de nuestras calles, saquearon el erario público, asesinaron, cometieron delitos diversos y anteponen lo político a lo jurídico. Ese es el cambio que debemos alentar, por lo que hay que reconocer la disposición por que las cosas efectivamente se hagan distintas, va en serio.
Los funcionarios que se queden y los que lleguen al gabinete legal y al ampliado, deberán conocer que además de lo establecido en la ley, se comprometen a conducirse con vergüenza y con dignidad, conceptos que los oaxaqueños conocemos bastante bien, pues fue precisamente que alentados en ellos que decidimos un cambio el pasado 4 de julio. Ha quedado claro que en Oaxaca un error ya no se podrá tapar con otro error, para terminar construyendo un rosario interminable de lo mismo y que al final lleven al estado a la ingobernabilidad. Aunque suene a frase acartonada, es el imperio del derecho el que debe prevalecer a partir de ya. Eso forma parte de la transición democrática ofrecida y que por momentos parecía se nos estaba olvidando. Gabino ofreció ubicar a los perfiles adecuados en cara una de las áreas gubernamentales y lo está cumpliendo. Sin embargo a niveles medios e inferiores, lo que se comienza a ver, es la disputa de espacios burocráticos para ubicar al incondicional, al familiar, al que obedece estoicamente lo que se tiene que hacer, aunque sea incorrecto. De ahí el interés de algunos por limpiar de un solo golpe las plazas laborales, lo que de entrada ha generado el malestar de quienes creyeron que se respetaría la experiencia y la capacidad de quienes no han participado en actos de corrupción, ni han sido cómplices de ellos, y que hoy ven con preocupación que su fuente de ingresos podría dejar de serlo. Lo he dicho, el cambio no sólo es de personas, no fue un quítate tú, para ponerme yo. No fue gatopardismo. El verdadero cambio lo es de actitudes, y sin embargo en algunos casos parece que no la hay.
Vergüenza y dignidad, adicional al sometimiento de la ley. No es mucho pedir. Bien Alfredo por tu rectificación oportuna, ojalá otros sigan tu ejemplo.