Tomo del “Mensaje del Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, sobre el crecimiento de la economía en 2010”, que aparece en la dirección electrónica http://www.shcp.gob.mx/Paginas/Default/aspx, la siguiente declaración textual:
“…con ingresos de 6 mil pesos al mes hay familias mexicanas que tienen el crédito para una vivienda, que tienen el crédito para un coche, que se dan el tiempo de mandar a sus hijos a una escuela privada y están pagando las colegiaturas”.
Como quizá pensó el secretario que esta afirmación no sería fácilmente admitida por los periodistas, se adelantó a aclarar que su dicho es real, pero “siempre la percepción que tenemos los mexicanos de distintos temas y de distintas cosas siempre es peor de lo que los datos efectivamente muestran”.
No sólo eso, ofreció una interpretación digamos sociológica de ese fenómeno: “…los mexicanos probablemente somos lo más exigentes con respecto a lo que nos gustaría y eso hace que siempre tengamos una percepción un poco más negativa de lo que los datos duros muestran, y de eso hay muchos estudios y no es únicamente la parte económica”.
Me parece ocioso discutir tan insólitas afirmaciones o traer a colación las cifras oficiales sobre los aumentos de precios de las tortillas y otros alimentos de la canasta básica o sobre los incrementos mensuales de precios de las gasolinas y el diesel, sobre la calidad de los empleos que se han creado o sobre el hecho de que, con los datos del propio Cordero se advierte que la economía aún no recupera el nivel que tenía en 2008, lo que nos deja, por ahora, con más de dos años perdidos para el desarrollo.
Tal vez lo más útil sea discutir cómo el falseamiento de la verdad desde los más altos círculos del poder político afecta a las instituciones y a la vida de las personas.
Una primera consideración es que si el secretario de Hacienda creyera en sus propias palabras, debería ser inmediatamente removido por el presidente, pues su declaración sería la prueba más contundente de su completa ignorancia de la economía, que es su objeto de trabajo. Por decir lo obvio, un hombre que tuviera una noción tan disparatada del poder de compra del peso, no sería apto para elaborar la propuesta del Ejecutivo al Congreso de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 2012 e inspiraría una profunda desconfianza en los inversionistas, motivo por el cual su sola presencia motivaría una salida de capitales que, por fortuna, no se ha dado.
Si, como es de suponerse, el secretario sabe que es mentira que un jefe de familia con ingresos de seis mil pesos mensuales sea sujeto de crédito para la compra o construcción de una vivienda y un automóvil, y además pueda pagar escuela privada para sus hijos, entonces puede uno suponer que sus faltas a la verdad fueron premeditadas y obedecen a algún propósito no explícito.
Cabe suponer que lo dicho el lunes por Cordero fue para “hablar bien de México”, como quiere el presidente que lo hagan todos los funcionarios de su gobierno, incluyendo a los que forman parte del Servicio Exterior Mexicano. Aquí nos tropezamos con una primera imprecisión: cuando el presidente insta a sus colaboradores a que hablen bien de México, en realidad les está ordenando que hablen bien del gobierno al que pertenecen y sirven. En esta expresión que de tarde en tarde ocupa los titulares de los medios de comunicación, cuando el presidente dice “México” los demás debemos entender “gobierno”.
Y bueno, si el propio presidente usa un doble lenguaje, si todos sabemos que sus palabras no siempre significan lo mismo para él que para el resto de la gente, es natural que un secretario, así sea el de Hacienda, diga lo que dijo el doctor Cordero. En esta hipótesis, claro, debemos entender que el secretario se dirigía sólo aparentemente a la opinión pública, pero en realidad hablaba para el presidente de la República.
Es posible hacer muchas más conjeturas sobre los motivos de Cordero, pero lo único que queda claro es que el gobierno no sólo tiene poco aprecio por la verdad, sino también por la inteligencia de todos los que no hacen parte de él, pues de lo contrario las expresiones triunfalistas serían menos desaforadas.
Si bien entiendo, los servidores públicos tienen el deber de suministrar información a la sociedad sobre los asuntos de interés público y los ciudadanos tenemos derecho a ser informados por ellos. Si el gobierno nos niega la información o, peor aún, la distorsiona, entonces no sólo viola nuestro derecho a estar informados sino que además nos induce a formarnos opiniones erróneas sobre los asuntos.
Una opinión errónea derivada de la desinformación nos puede inducir a tomar decisiones que no habríamos tomado si hubiésemos tenido la información real. Algunos, por ejemplo, votarán por los candidatos del PAN creyendo que harán una gestión favorable a los intereses legítimos de ellos y del país, y lo más probable es que se equivoquen, pues habrán decidido el sentido de su voto a partir de una versión falsificada de la gestión del gobierno panista. Y si esto es así, se puede concluir que la autoridad indujo el voto ciudadano por medio de la desinformación.
Todo ello me lleva a concluir que la falsedad de la información pública es contraria a la democracia puesto que, al dar una versión adulterada de la realidad impide que los ciudadanos se formen una opinión informada y los mueve a tomar decisiones ajenas o incluso contrarias a su voluntad.
Se puede replicar que todos los gobiernos mienten, ocultan o tuercen la información, no sólo en México sino en el resto del mundo. Se puede pensar que la mentira es un atributo de la gobernanza y si no es grata, cuando menos debemos acostumbrarnos a vivir con ella.
No estoy de acuerdo. Admitir que los servidores públicos, sean por elección popular o por designación, pueden mentir sin que pase nada al respecto, equivale a aceptar que una de sus funciones es desinformar. Con las excepciones y limitaciones que establecen las leyes –y que se justifican por razones superiores como las de seguridad nacional– los ciudadanos tenemos derecho a estar informados de los asuntos públicos, y tanto el presidente de la República como sus colaboradores son los garantes de ese derecho en el ámbito federal.
Admito que la política real no es un oficio de seres irreprochables, pero si una sociedad acepta el principio de que sus gobernantes la engañen, incluso burdamente, porque “así son las cosas”, está renunciando a un derecho fundamental. Y esto es inaceptable en cualquier caso, pero más lo es en un país acorralado por la violencia, la pobreza y la intolerable desigualdad.
