La decisión del Presidente Nicolás Maduro de cerrar la frontera venezolana con Colombia y expulsar a residentes irregulares de ese país responde a una estrategia electoral.
Así lo explicaron diversos analistas del país sudamericano a REFORMA.
Para Carlos Luna, director de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, la clausura busca fabricar un enemigo externo que cohesione a la base oficialista.
Esto, en momentos que las encuestas registran poco más de 20 por ciento de aprobación de la gestión de Maduro, puntuación por debajo del peor nivel que haya obtenido jamás su predecesor, el Comandante Hugo Chávez.
“El combate a los paramilitares y las mafias de contrabando busca justificar el argumento de que hay fuerzas externas que hacen una guerra económica contra el Gobierno que provoca la inflación y el desabastecimiento, en lugar de implementar cambios estructurales en el modelo económico socialista”, dijo Luna.
El Mandatario venezolano decretó estado de excepción el viernes en seis municipios fronterizos en el estado Táchira después de que una patrulla militar venezolana fue atacada durante un operativo contra el contrabando en la zona.
Tres uniformados resultaron heridos con disparos.
El cierre ha sido prolongado indefinidamente.
El analista electoral John Magdaleno recordó que durante los meses previos el Gobierno atribuyó la guerra económica a los empresarios, pero aún así cayó tanto la aceptación del Ejecutivo como la identificación de los electores con el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela en todas las encuestas independientes de julio y agosto.
“Ahora intentan trasladar la responsabilidad sobre la crisis económica al contrabando de extracción y aparentemente apuestan a generar un clima de anormalidad que polarice lo más posible al electorado para remontar la ventaja de entre 20 por ciento y 30 por ciento que lleva la Oposición”, indicó Magdaleno.
La persecución por parte del Ejecutivo contra presuntos paramilitares colombianos se ha traducido a lo largo de este año en deportaciones.
Mientras mil 550 ciudadanos colombianos fueron expulsados de Venezuela desde enero hasta abril -un incremento de 97 por ciento con respecto al mismo período en 2014-, sólo en los cuatro días posteriores al cierre de la frontera fueron deportadas mil 171 personas, que no pudieron recoger sus pertenencias, según la Cancillería colombiana.
Omar Silva, abogado de la ONG venezolana Foro Penal, contó que hasta el momento la mayoría de las denuncias que han recibido es la de niños que quedaron en territorio venezolano sin sus padres porque estos fueron deportados, y de familias a las que le derribaron las viviendas que construyeron en invasiones hace más de una década.
En Colombia la crisis también repercute en las elecciones regionales del 25 de octubre,
Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario en Colombia, dijo que la reacción tardía del Presidente Juan Manuel Santos a las expulsiones podría hacerle perder municipios, gobernaciones y asambleas departamentales en la frontera.
“El candidato natural a capitalizar esos espacios ahora es el Uribismo”, señaló.
Rodríguez advirtió además que el anuncio de Maduro de conformar un Movimiento Bolivariano de Colombianos en Venezuela es una forma de clientelismo extorsivo.
“El Gobierno venezolano creará listas en las que pone a los colombianos en una disyuntiva: o se quedan, lo apoyan y reciben beneficios sociales, o los sacan del país”, explicó.
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