Ríspido el ambiente político que priva en el país a causa del debate entre poderes. Las rudas declaraciones del Ejecutivo acerca de la deshonestidad y corrupción que priva en el Poder Judicial en el reparto de salarios y prestaciones; los desmentidos por parte de los ministros a lo acusado por el Presidente; las afirmaciones de líderes legislativos de Morena a favor del Ejecutivo; las declaraciones de jueces, magistrados y trabajadores del Poder judicial defendiendo su autonomía frente a la embestida del Ejecutivo en torno a los elevados salarios y privilegiadas prestaciones de los ministros de la Corte al afirmar: “No es posible permitir un gobierno rico y un pueblo pobre”. “Eso es deshonesto y corrupto”.
Al respecto, el Presidente del Senado, Martí Batres afirmó: no hay ataques contra la autonomía del Poder judicial, solo hay diferencias. Las relaciones entre el Poder legislativo y el Poder Judicial son cordiales.
Por su parte, el Presidente de la Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal dijo, que el Senado impugnará la resolución de la propia Corte que suspendió la Ley de Remuneraciones de los Servidores públicos, misma ley que contravino el articulo 64 de la Ley en la materia, el cual señala no ha lugar…
El legislador acusó, que esto es “es una falta grave que afecta el orden público y el interés social”.
¿Que dice la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos?
El ordenamiento promovido por el Presidente de la República y Morena establece que ningún funcionario, incluidos los integrantes del Poder Judicial, podrá ganar más que el Presidente de México.
Mario Delgado, coordinador de Morena en la Camara de Diputados, afirmó: “respetaremos el fallo de la Corte y no incurriremos en desacato; no aplicaremos la Ley de remuneraciones pero, si haremos valer lo que establece el articulo 127 de la Constitución que esta vigente, pero que nadie ha respetado hasta ahora, el cual señala que nadie debe de ganar más que el Presidente de la República”, nosotros nos vamos apegar en el decreto del Presupuesto, afirmó el diputado Mario Delgado.
El pasado mes de julio, la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Senadora por unos meses, y ahora Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo declaraciones importantes sobre el asunto salarial de los ministros y jueces del Poder Judicial que valen la pena recordar, debido a los diferendos entre los poderes que, por momentos, parecen desequilibrar los contrapesos del sistema de poderes en México, aunque visto del otro lado de la moneda, también enriquecen la vida democrática del país.
“Los jueces son fundamentales para la paz social, sus salarios no deben reducirse, afirmó Olga Sanchez Cordero, quien consideró, “que es indispensable contar con un Poder Judicial fuerte para tener jueces imparciales y evitar que estén sujetos “al contentillo de los gobernadores o del legislativo”. “No sería recomendable hacer una reforma constitucional para disminuir los ingresos del Poder judicial, como se aplicaría en la Administración Pública Federal, porque “un juzgador es un actor fundamental en la paz social del país”.
Cabe mencionar que un ministro gana 260 mil pesos al mes, más prestaciones como el aguinaldo, prima vacacional, prima de riesgos, seguro para gastos médicos mayores, autos, chofer, etcétera, lo cual suma más de 4 millones de pesos al año; el Ejecutivo insiste en que son más de 7 millones de pesos.
Los jueces y defensores públicos tienen salarios que van alrededor de los 80 mil pesos mensuales. Sin embargo, se han corrompido creando un sistema de justicia para el mejor postor.
De manera, que sería prudente y justo reconstruir un Poder Judicial que vio pasar sus mejores épocas hasta hacerse añejo, déspota, apartado de las buenas leyes que son el único medio para hacer honestos a los individuos.
Pienso que el problema de fondo con el Poder Judicial, no son tanto los elevados salarios, creo que se trata de la autonomía del Poder Judicial y del control político de la Suprema Corte de Justicia por parte del Poder Ejecutivo. Los salarios son lo de menos, significan la punta de lanza que utiliza el Ejecutivo para hacer mella en un Poder Judicial que, según el Presidente, no corresponde a las demandas de un pueblo pobre frente a un gobierno rico, ambicioso y despilfarrador que se resiste a perder sus privilegios”.
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