El conflicto popular-magisterial en Oaxaca del 2006, que hundió el desdibujado proyecto de desarrollo social y daño severamente la relación de la clase política y los cacicazgos sociales, dejó clara una tesis frente a la pobreza de sus protagonistas: La solución de fondo pasa por una Reforma del Estado.
Los enfrentamientos en las calles como en los salones del poder profundizaron las distancias para alcanzar un acuerdo de pacificación: el magisterio, organizaciones sociales, partidos políticos, clase política y ciudadanos perfilaban agendas distintas y en consecuencia intereses diversos incluso en su interior.
De ahí, que Ulises Ruiz Ortíz, gobernador de ese entonces, creó el Consejo Consultivo para la Reforma del Estado, un organismo a modo que le permitió desbloquear el cerco político del gobierno federal y retomar el control o equilibrar fuerzas con los grupos locales de poder y de presión.
Aunque citar a quienes encabezaron en ese entonces a los tres poderes del Estado podría demeritar algunas tesis – Ruiz Ortiz, gobernador; Bulmaro Rito, presidente del Congreso del Estado y Héctor Anuar Mafud, presidente del Tribunal Superior de Justicia – lo cierto es que son saldos pendientes del PRI y del gobierno de la alternancia que nadie ha sido capaz de solventar.
Es decir, hace ocho años, durante la firma de un convenio de colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ruiz Ortiz señaló algunos saldos en contra que el gobierno del cambio y las dos legislaturas locales perdieron en el camino de administrar el poder:
1.- La revisión del andamiaje jurídico y a la modernización de los instrumentos legales que permitan a las instituciones oaxaqueñas estar acorde de de las reformas estructurales del Estado Mexicano.
2.- El contraste de los legítimos reclamos de un pueblo agraviado por la marginación y la pobreza con los preceptos jurídicos que nos rigen, para adecuarlos y empatarlos con la dinámica de la gobernabilidad democrática.
3.- Una nueva cultura política, una nueva dinámica sin verticalismos autoritarios en la relación de los poderes públicos con una sociedad mandante y un gobierno apegado a ese mandato.
4.-Una reforma política surgida del más amplio debate y sin limitación de agenda para otorgar más certeza, equidad y transparencia a los procesos electorales. En especial una reforma que confiera más autonomía al órgano electoral.
5.- La Reforma del Estado tiene también que contemplar mayores garantías al ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, donde se eleve a rango constitucional la confidencialidad de la fuente para no inhibir el derecho de los oaxaqueños a informar y a estar informado.
6.-Una reforma integral del sistema de procuración de justicia y fortalecer las instituciones públicas protectoras de los derechos humanos, dotarlas de atribuciones más amplias y mayor autonomía respecto de los poderes públicos, incluso sanciones sociales mayores.
7.- Reformas necesarias en el ámbito local para que la economía de Oaxaca crezca de manera sostenida por encima de la media nacional para alcanzar los indicadores promedios de desarrollo y bienestar.
El proyecto de Estado que ofrecen los precandidatos de los diferentes partidos a gobernar Oaxaca es una caricatura frente a la realidad de una entidad donde los liderazgos son paternalistas para los que ganan salario mínimo y de complicidad para quienes el poder es negocio.
Si esto es ahora, la Reforma del Estado en campaña será sólo ocurrencia.
Especialista en análisis y estrategia política
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