El senador oaxaqueño Benjamín Robles Montoya pidió al Instituto Nacional de las Mujeres investigar si el Ejecutivo Federal ha atendido las recomendaciones emitidas por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés).
Por medio de un punto de acuerdo, el legislador insistió en la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación, inseguridad y violencia hacia las mujeres en México, de acuerdo con la evaluación realizada por la CEDAW, en donde emite 27 recomendaciones preliminares y específicas hacia el Estado mexicano.
Robles aseguró que entre los aspectos desprendidos en dicha evaluación destacan la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, torturas y asesinatos; además de la falta de datos sobre el enjuiciamiento, condenas y sentencias infligidas contra los perpetradores de la violencia contra las mujeres.
De la misma forma, resaltó el elevado el número de feminicidios cometidos en varios estados del país, por lo que asentó:
“Las recomendaciones emitidas por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer son jurídicamente vinculantes para México, por lo que también se vuelve obligatorio su cumplimiento. No obstante lo anterior, a 32 años de su entrada en vigor, los principios de la Convención no se han consolidado a favor de las mexicanas, por lo que urge que el Estado Mexicano, en todos sus niveles y ámbitos de gobierno, acaten de manera puntual y a la brevedad posible las recomendaciones para hacer respetar los derechos de las mujeres”.
El senador Benjamín Robles comentó que además de observaciones, la CEDAW emitió sugerencias para proteger a las mujeres, donde se menciona la necesidad de proporcionar capacitación sistemática en materia de derechos humanos.
Asimismo, mencionó que se deben adoptar todas las medidas necesarias para establecer un sistema estándar para el registro y regulación de datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres, desglosados por tipo y circunstancias de violencia.
Añadió que hay que establecer mecanismos para monitorear y sancionar a funcionarios públicos, incluido el Poder Judicial, que discriminan a las mujeres y que se niegan a aplicar la legislación que protege los derechos de ellas.
El punto de acuerdo fue turnado a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para su análisis y posterior dictamen.
