La conservación de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) se logrará sólo si la federación involucra en su cuidado a autoridades estatales y municipales y se modifican los criterios para otorgar concesiones en esas áreas, aseguró María del Carmen Carmona Lara, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.La experta, quien trabajó en la elaboración de la iniciativa de Ley General para el Desarrollo Sustentable de las Costas Mexicanas, que se encuentra en el Senado, sostuvo en entrevista que no hay una visión de administración para estas zonas.
“Hay gente que solicita la concesión sin tener ningún interés en la zona, sino para apoderarse de los terrenos frente a la playa y después lucrar”, afirmó.
La Zofemat son los 20 metros contiguos al litoral marino, abarca 11 mil 200 kilómetros de 17 estados costeros y resulta estratégica por la riqueza de sus recursos naturales y los ecosistemas que alberga.
A través de la iniciativa de ley, explicó Carmona, se propone ordenar la Zofemat con una política de gestión integral en la que participa la Federación, los estados, municipios, los inversionistas hoteleros, comerciales e industriales y los prestadores de servicios.
“La idea es que en la administración de la Zofemat no nada más participe la Federación sino establecer una unidad de gestión que involucre a todos los sectores”, planteó.
Para los expertos, un problema en aumento en las zonas costeras, que debe ser revisado, es el limitado acceso que tienen a las playas públicas los habitantes locales, ya sea por restricciones irregulares o proliferación de establecimientos a la orilla del mar.
Meredith de la Garza, directora ejecutiva de la Sociedad de Historia Natural Niparajá, sostuvo que en ciudades como La Paz, Baja California Sur, los ciudadanos locales han sido testigos de una pérdida acelerada de sus playas porque el acceso a ellas está limitado.
“Es paradójico vivir en uno de los estados con mayor litoral y que para los ciudadanos locales sea tan difícil meterte a las playas”, criticó.
Lo mismo ocurre con los habitantes de Cancún, Quintana Roo, refirió Christian Mario Appendini, profesor e investigador del Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros de la UNAM en Sisal, Yucatán.
“El Gobierno debería de tener una planeación en la que exija que haya accesos a la playa cada determinada distancia”, indicó.
Ignacio Millán, subprocurador de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, reconoció que este tipo de bloqueos es el principal problema en la Zofemat por parte de hoteleros o prestadores de servicios.
“Les dan una concesión y bloquean, pero la concesión no es para que hagan un bloqueo. Ellos pueden hacer un uso y goce exclusivo, pero permitiendo el libre tránsito”, externó.
Pese a los reglamentos, los delitos ambientales en la Zofemat persisten.
De acuerdo con datos de la Profepa, de 2013 al primer semestre de 2015,se registraron en el País 863 violaciones ambientales en esa área, así como 37 delitos contra la gestión y 11 no ambientales.
En ese mismo periodo sólo se integraron a nivel nacional 39 denuncias penales. Durante el periodo 2009-2012 se reportaron mil 822 delitos ambientales, así como 49 contra la gestión y 356 no ambientales y se presentaron 65 denuncias penales.
Ignacio Millán Tovar, subprocurador de Recursos Naturales de la Profepa, informó que en el periodo fueron canceladas 110 concesiones otorgadas en la Zofemat, de las 55 mil vigentes a lo largo del litoral costero del País.
La mayoría de los delitos ambientales y de gestión en la Zofemat, explicó, derivan de infracciones o incumplimientos a las concesiones, como la obstrucción al libre tránsito por parte de empresarios hoteleros, la instalación de vendedores o, incluso, la venta de fauna silvestre y la construcción de obras.
“Hay diferentes formas de bloquear (el acceso), ponen vigilantes y no te dejan pasar,y otro es que te ponen barreras físicas que pueden ser sillas, aditamentos de plástico, cuerdas, cintas, algo que te impida caminar”, detalló.
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