A raíz de la crisis financiera y económica que se extendió en todo el mundo en 2008, en diversos países empezó a reconocerse la incapacidad de los gobiernos para ejecutar y supervisar de forma imparcial su política fiscal.
Desde entonces, alrededor de 90 países han integrado organismos independientes financiados con fondos públicos bajo la autoridad de los poderes Legislativo o Ejecutivo que supervisan, analizan y asesoran de forma imparcial la política fiscal y su desenvolvimiento, conocidos como Consejos Fiscales Independientes.
México, sin embargo, no ha sido una de las naciones que se ha unido a esta tendencia, ello pese a las diversas críticas y la fuerte presión social que pesa sobre el gobierno federal por el criticable manejo de su política fiscal y los recursos.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, se ha advertido del aumento desmedido de la deuda pública en comparación a sexenios previos, apunta Miguel Gallardo López, secretario general de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), organismo que impulsa la integración de un Consejo Fiscal Independiente a nivel federal en el país.
“La deuda publica creció en 10 puntos del Producto Interno Bruto, un monto mayor del que habíamos observado en sexenios anteriores, además que en su mayoría no fue destinado a un gasto de infraestructura sino a gasto corriente y eso nos empezó a preocupar”, apuntó en entrevista con Forbes México Gallardo López.
En cinco años el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público(SHRFSP), que agrupa todas las obligaciones financieras contraídas por el Gobierno Federal, creció 8.8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB). Es decir, la deuda del sector público federal pasó de 37.2% del PIB a 42.7% en 2017.
“En el Ramo 23, que no funciona con reglas de operación claras, nos parece que ha habido una irresponsabilidad como se ha gestionado los últimos años no solamente en el ámbito federal también lo hemos visto en varios estados de la República”, dijo.
En el Presupuesto de Egresos Federal 2018, el Ramo 23 –que se integra dentro del gasto programable y aportaciones federales para entidades federativas y municipios-, se le asignó un presupuesto de 156,463 millones de pesos, que representa 3.8% del total de los egresos del gobierno y 66% más de lo que se asignó en 2013.
Para erradicar ese tipo de malas prácticas el organismo empresarial propone integrar un organismo con capacidad técnica, autónomo y apartidista, encargada de revisar el manejo de la política fiscal.
Gallardo señala que en el congreso ya existen dos instituciones que generan esta función el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de la Cámara de Diputados; y el instituto Belisario Domínguez, en el Senado; y pese a que han sido reconocidos por organismos internacionales, están sujetos a agendas partidistas.
“Lo que proponemos es fusionar estas dos para conformar el Consejo Fiscal Independiente. Es decir, ya tenemos a gente capaz en este ámbito, la OCDE ha dado reconocimiento muy importante a su labor, pero no cuentan con un marco jurídico para funcionar”.
Además de contar con autonomía, el Consejo Fiscal deberá tener un marco normativo, contar independencia para determinar las investigaciones que tengan que hacer, para elaborar su programa anual de trabajo, tener recursos propios y contar con un blindaje ante cualquier intervención de naturaleza política.
El integrante de Coparmex detalla que tanto los integrantes del equipo de transición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como los del Congreso han mostrado interés en la iniciativa.
Sin embargo, Gallardo considera que la creación del Consejo Fiscal debe integrarse a las prioridades legislativas establecidas para los primeros tres meses de trabajos.
“Estamos trabajando con los equipos del licenciado Andrés Manuel López Obrador para que en el momento oportuno en que se pueda presentar ya la iniciativa y pretenderíamos incluso que la presente el presidente electo para que sea empujada por el Congreso”, afirma el integrante de Coparmex.
Forbes
