En el marco del análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, diputados federales del Grupo Parlamentario del PRD coincidieron que se necesita de un presupuesto más justo y equitativo que permita contribuir al desarrollo y combatir el rezago de los pueblos y comunidades indígenas.
Durante el Foro “Desarrollo, Política Públicas y Presupuesto Transversal a Pueblos Indígenas”, el legislador federal Sergio López Sánchez señaló que los recursos destinados a este fin se han visto reducidos, toda vez que el proyecto de presupuesto no logra resarcir los recortes presupuestales del ejercicio 2017 destinados para un sector de la población con los mayores índices de pobreza y marginalidad.
“Hemos convocado a este foro sobre desarrollo, políticas públicas y presupuesto transversal a pueblos indígenas con el objetivo de analizar los alcances y limitaciones de la noción del desarrollo indígena, así como el papel del presupuesto como orientador de las políticas públicas”, indicó.
El también integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública enfatizó que los pueblos y comunidades indígenas se vieron severamente afectadas en su infraestructura, luego de los recientes sismos, por lo que debe existir voluntad política para que apruebe un presupuesto digno.
Asimismo, hizo un llamado para que se generen indicadores que permitan la evaluación y seguimiento de los programas y acciones que contribuyen al desarrollo de este sector.
“Para nosotros es importante no solo reclamar que no haya recortes al anexo 10, que es el presupuesto transversal destinado para el desarrollo de los pueblos indígenas, sino que también es importante conocer de qué manera se gastan esos recursos, porque hoy de acuerdo a investigadores más del 70 por ciento de los programas en los que se aplican estos recursos no cuentan con reglas de operación y su ejecución se hace poco transparente”.
Sánchez López consideró que es importante plantear una política pública integral a partir de experiencias exitosas en presupuestos transversales, de tal manera que las instancias responsables del desarrollo de los pueblos indígenas, realmente cuenten con un marco de políticas que cambie la realidad de los pueblos originarios
Asimismo, la diputada federal Araceli Madrigal Sánchez, integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas, señaló que este foro se lleva a cabo en “el mejor momento”, ya que todavía se encuentra a discusión el paquete presupuestal.
“Su presencia es muy significativa para todos nosotros, somos diputadas y diputadas que no estamos haciendo leyes y reformas al vapor que sean letra muerta, ni ocurrencia, estamos haciendo leyes que vayan de acorde con la realidad social, por eso constantemente estamos en contacto con las comunidades indígenas para escucharlos y se generen leyes que cambien su realidad”.
En su intervención, la legisladora Araceli Saucedo Reyes indicó que dentro de este rubro el paquete económico enviado por el Ejecutivo Federal se presenta una reducción del 15.16 por ciento comparado al ejercicio 2016.
“Existen pueblos y comunidades que están pidiendo nuestro apoyo y lamentablemente en muchos estados no se les ha tomado en consideración alguna para la conformación de un presupuesto estatal y nacional. En muchos estados no existen secretarías o instituciones o una figura legal que les den certidumbre para generar actividades en favor de sus pueblos originarios”, enfatizó.
Asimismo, señaló que los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, así como de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, – quienes van a definir el rumbo del presupuesto, deberían apoyar y dar su voto a favor para que sea un presupuesto más justo y equitativo.
En el acto inaugural se contó con la presencia del Senador Isidro Pedraza Chávez, quien recordó que en México la población indígena asciende a casi el 21.5 por ciento de acuerdo a la encuesta intercensal del INEGI 2015 y más de la mitad de la población hablante en lengua indígena materna tiene ingresos menores a la canasta básica alimentaria a pesar de la obligación constitucional del Gobierno Federal para atender esa situación.
