Ante las constantes retenciones de personas, bloqueos y cierres de caminos por parte de pobladores y autoridades de diversas agencias de San Juan Mazatlán, Mixe, en exigencia de participaciones económicas negadas por la autoridad municipal, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) llamó a los poderes del estado a resolver de fondo la problemática, al tiempo que solicitó a los habitantes y autoridades de La Mixtequita, respetar la libertad y los derechos humanos de profesores del Conalep y demás personas retenidas en la localidad.
El organismo autónomo afirmó que, en un estado de derecho, por más justa que pueda ser una demanda, ésta no puede justificar la violación de un derecho humano, más aún cuando se trata de la libertad, salud y vida de otras personas.
La DDHPO informó que luego de tener conocimiento de la retención del personal educativo perteneciente al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) inició el expediente DDHPO/0769/(14)/OAX/2022, mediante el cual dictó medidas cautelares tendientes a garantizar la integridad física y mental de las personas retenidas.
La Defensoría ha solicitado de manera reiterada a la autoridad municipal de San Juan Mazatlán Mixe respete las asignaciones presupuestales y entregue en tiempo los recursos a que tienen derecho sus comunidades, pues lo contrario, además de implicar diferentes tipos de responsabilidades, lesiona el tejido social e impide a sus agencias garantizar derechos para su población.
Este conflicto, así como de muchos otros relativos a participaciones presupuestales municipales –que incluso han provocado desplazamientos forzados como los casos de Tierra Blanca, Juxtlahuaca y Río Santiago, Santiago Textitlán– plantean la imperiosa necesidad de garantizar de manera justa y definitiva la repartición adecuada de recursos presupuestales y de imponer sanciones a quienes no cumplan con sus deberes constitucionales y legales.
Y es que, ante la recurrencia de inconformidades en agencias municipales derivadas de asignación irregular, e incluso nula de recursos económicos, es indispensable establecer un marco normativo que permita la asignación de manera equitativa, periódica y justa.
Lo anterior implica una armonización profunda en el andamiaje normativo, institucional y procedimental que regula la relación financiera entre los municipios y sus agencias, contando con reglas y procedimientos claros, que permitan una asignación transparente de recursos públicos al interior de este nivel de gobierno, evitando discrecionalidad en la asignación de los mismos, pero también conlleva la responsabilidad de rendición de cuentas por parte de las agencias, pues se trata de bienes públicos.
Así también, la Defensoría reiteró que la libertad es un derecho irrenunciable no negociable, que debe ser respetado por las autoridades municipales y las asambleas comunitarias y no utilizado como moneda de cambio, además recordó que todas las autoridades tienen la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas y no menoscabarlos.
Y reiteró que incluso la causa más justa, cuando se exige violentando otros derechos, pierde legitimidad, por lo que convocó a las autoridades y pobladores, al diálogo y la concertación de acuerdos.
