Ante las precarias condiciones en que viven los jornaleros agrícolas -en su mayoría indígenas y menores- en los campos de cultivo de Sinaloa, Baja California y Baja California Sur, el presidente de la Comisión Sur-Sureste, Benjamín Robles Montoya, urgió la intervención del Gobierno Federal para la atención de este grave problema social y que informe sobre la aplicación de los recursos del programa Jornaleros Agrícolas de la Sedesol.
Lo verdaderamente lamentable de este sector de trabajadores, señaló, es que no cuentan con contratos ni regulaciones que lo respalden laboralmente, no tienen acceso a servicios médicos, a viviendas dignas, sistemas de pensiones y de seguridad social. Por ello cuestionó si los recursos públicos destinados a los jornaleros realmente se están aplicando en tiempo y forma, e igualmente porque no se han tomado las medidas adecuadas que permitan mejorar las condiciones laborales de los jornaleros.
Por esa razón, el congresista oaxaqueño presentará un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en donde urge la intervención de las distintas dependencias del Gobierno Federal e instituciones públicas para la defensa de los derechos humanos de estos mexicanos.
“He tomado la decisión, para garantizar que haya un trato humano, digno, presentar este próximo miércoles un punto de acuerdo. Necesitamos que este programa de Jornaleros Agrícolas, que tiene la Secretaría de Desarrollo Social, se vea fortalecido. ¿Para qué es ese programa?: para que haya apoyos alimenticios para las niñas y niños hijos de los jornaleros, para que haya estímulos para la asistencia y permanencia escolar, apoyo económico para arribar al lugar donde van a laborar, para tener servicios de acompañamiento a la población jornalera”, expuso Robles.
Además dijo que se requiere que se profundiza en la rendición y transparencia de cuentas sobre cómo se están aplicando los recursos del programa Jornaleros Agrícolas. “Así también vamos a buscar erradicar de las familias de jornaleros el trabajo infantil, al tiempo que se fortalecen acciones de alimentación infantil, así como; y otorgar a los jornaleros y sus familias acceso a la seguridad social”, sostuvo.
Y es que este fin de semana, el legislador del PRD realizó una gira de trabajo por el municipio de Mulegé, en el Valle del Vizcaíno, en donde presenció el arranque de obras de beneficio social, pero también pudo constatar de primera mano la enorme pobreza y la grave marginación en que viven los jornaleros provenientes del estado de Oaxaca.
Por lo que, criticó que a pesar que la Sedesol tiene este año un presupuesto de más de 305 millones de pesos para el programa de Jornaleros Agrícolas, estos recursos no se refleja en el bienestar de este sector de la sociedad.
Precisó que -de acuerdo con el informe “Migrantes somos y en el camino andamos”- en México existen unas 405 mil familias en constante movilidad, desplazándose en busca de oportunidades laborales, se estima que 3.5 millones de personas son migrates internos, de los cuales, la mayoría son de origen indígena.
Mencionó que –según la Unicef- las hijas e hijos de los jornaleros agrícolas son un grupo especialmente vulnerable, ya que el 44 por ciento de sus hogares cuenta con un niño o niña trabajador, el cual aporta el 41 por ciento del ingreso familiar. Destaca que el 44.9 por ciento de estas familias son indígenas.
