Nuestros compañeros fotoperiodistas Alberto Méndez Cruz del periódico Rotativo y Rolando Jiménez López de Paralelo20 Radio y TV, fueron arteramente agredidos por un grupo de personas originarias de San Baltazar Chichicapam.
Ambos reporteros gráficos cubrían las comparecencias de funcionarios estatales ante la Sexagésima Segunda Legislatura local, cuando un grupo de sujetos violentos encabezados por Miguel Vásquez Chincoya, intentaba irrumpir por la fuerza en el recinto legislativo.
Movidos por el interés profesional, los fotoperiodistas llegaron hasta el sitio donde armados con palos, piedras, cuchillos y machetes se encontraban los manifestantes, quienes a la orden de “a todos los de la prensa”, arremetieron en contra de nuestros compañeros, pretendiendo incluso, atentar contra la vida de Rolando Jiménez integrante de Grupo Prensa Oaxaca (GPO), a quien en varias ocasiones embistieron acuchillarlo.
Ante tan aberrante situación hacemos el siguiente:
PRONUNCIAMIENTO:
No nos dejaremos intimidar por grupos violentos que buscan, a través de la intimidación, agresión y actos delincuenciales, silenciarnos para no evidenciar sus abusos y pretensiones que obedecen a intereses mezquinos y oscuros.
Nuestra labor y responsabilidad es informar, aunque en el intento se afecte a los grupos o personajes que lucran con todo cuanto pueden.
Lo sucedido este lunes 26 de enero en la sede del Poder Legislativo de Oaxaca, es una clara evidencia de que a lo largo y ancho del territorio estatal impera la “Ley de la Selva”, de que la seguridad es vulnerada una y otra vez sin que haya justicia.
La creación de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión ―adscrita a la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que se publicó en el Diario Oficial el pasado 17 de agosto del 2013―, parecen ser letra muerta o elefantes blancos porque han resultado, ineficientes, ineficaces, inservibles, inoperantes e invisibles, a pesar de que el 12 de diciembre del mismo año Joaquín Carrillo Ruiz, procurador de Justicia de Oaxaca, encabezó la “Mesa de Atención Inmediata a Periodistas” como resultado del penoso asesinato del reportero Alberto López Bello, en la que se comprometió junto con la coordinadora de Derechos Humanos, Eréndira Cruz Villegas, y el coordinador de Comunicación Social, Miguel Ángel Muñoz, a instalar dicha mesa “como instancia para la atención de demandas y emisión de respuestas institucionales ante los hechos que lastimen o pongan en riesgo la vida, integridad o dignidad de los comunicadores del estado”.
Sin embargo, es un hecho que fue una tomada de pelo porque los atropellos, humillaciones y atentados en contra de representantes de los diferentes medios informativos en territorio oaxaqueño son una constante, sin que exista aplicación de la Ley.
Pese a lo hueco de los discursos oficiales, la realidad que se vive en la entidad es alarmante, por lo tanto EXIGIMOS:
1.- Castigo inmediato a todos y cada uno de los responsables, materiales e intelectuales de la artera agresión a nuestros colegas.
2.- Activación de los “Mecanismos de Acción Inmediata” contra agresiones a Periodistas en Oaxaca.
3.- Reparación o en su caso reposición del equipo dañado.
4.- Certificación médica bajo la vigilancia de especialistas.
5.- Garantías para ejercer libremente nuestra labor.
6.- Intervención de organismos gubernamentales y no gubernamentales en materia de Derechos Humanos.
La situación que prevalece en la entidad nos obliga a buscar el apoyo de instancias internacionales ante la opacidad y complacencia de las autoridades locales, que además de proteger, financian a diferentes grupos para alcanzar fines diversos.
Es indispensable precisar que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), reconoció que Oaxaca se encuentra el quinto lugar nacional por el número de crímenes de alto impacto.
