Escoltados por patrullas, los tres autobuses en los se trasladaron los padres de los normalistas de Ayotzinapa tardaron menos de 15 minutos en llegar de la Catedral Metropolitana al Museo Tecnológico de la CFE, sede que el Gobierno federal eligió para la reunión con el Presidente Enrique Peña.
El acuerdo fue que nadie llevaría cámaras ni celulares, así que dejaron los aparatos en las unidades. Al bajar, el Estado Mayor les pasó lista, cruzaron arcos detectores de metal e hicieron que algunos se alzaran las playeras.
El lobby del museo ya estaba acondicionado como una enorme sala de juntas. Mesas largas formaban un rectángulo. Los familiares de los desaparecidos, heridos y asesinados, así como normalistas, ocuparon tres lados.
Después llegaron Carlos Beristáin y Ángela Buitrago, del grupo de expertos de la CIDH, y al final, con más de media hora de retraso, el Presidente, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y la Procuradora Arely Gómez, seguidos de un séquito de funcionarios.
Entre ellos estuvieron Renato Sales, Comisionado Nacional de Seguridad; el Comisionado de la PF, Enrique Galindo; Manelich Castilla, de la Gendarmería; Felipe Muñoz, titular de la SEIDO; Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, y el Ombudsman Luis Raúl González, entre otros.
De acuerdo con el relato de asistentes, Osorio dio la bienvenida y explicó que primero hablarían los miembros del GIEI, luego los padres de familia, seguidos de la Procuradora, y finalmente el Presidente.
Felipe de la Cruz, vocero de los familiares, recriminó que ese no era el formato acordado, ya que ellos querían un diálogo abierto con el Presidente. Pero nada pudo hacer.
Los expertos independientes hicieron un resumen de su informe final, en el que recriminaron la existencia de una campaña en su contra para desprestigiarlos.
Los padres hicieron uso de la palabra, 15 de ellos, aproximadamente, y expusieron ocho demandas.
Ante el Presidente, de traje gris oscuro, camisa blanca y corbata azul, reclamaron la “verdad histórica” del ex Procurador Jesús Murillo Karam, incluso hubo quien cuestionó por qué no se había tomado la declaración de los directivos de la Normal de Ayotzinapa.
“Póngase en nuestros zapatos”, soltó uno.
La señora Cristina se levantó del lugar y entregó dos cajas con más de 154 mil firmas provenientes de 37 países para pedir la permanencia indefinida del GIEI.
El último que habló fue Epifanio Álvarez, quien al terminar le dio a Peña el pliego de peticiones.
En su turno, la Procuradora se limitó a leer un documento en el que presumió los 113 detenidos en el caso y las decenas de peritajes. También aseguró que en el tercer estudio sobre el basurero de Cocula participaría el experto José Torero, citado en el informe final.
Antes de que Peña hablara, Felipe de la Cruz le recordó que acababan de entregarle ocho demandas y querían respuestas. Molesto, el Presidente afirmó que sí respondería.
“Estoy de su lado”, les dijo el Presidente.
Al asegurar que el Estado se ha mostrado a la altura de la situación, María de Jesús Tlatempa tronó. Le dijo que eso no es era verdad, que ellos fueron a la reunión por resultados y no tenían ninguno.
La instrucción a la PGR de crear una fiscalía para personas desaparecidas, tensó la recta final del encuentro.
“No se está haciendo nada”, reclamó una madre.
Peña Nieto volvió a tomar la palabra y en tono más elevado refrendó su compromiso con la verdad y la justicia, pero no aceptaba que se dijera no se había avanzado en la investigación.
La especialista Ángela Buitrago intervino para mediar el enojo. Llamó a los padres a valorar si valía la pena polarizar el encuentro, y éstos decidieron terminar con la reunión.
Los padres se levantaron de la mesa y comenzaron a dirigirse a la salida, pero el Estado Mayor les impidió el paso. En sus protocolos, el Presidente es el primero en retirarse.
Hubo empujones hasta que un mando ordenó que dejaran salir a los inconformes.
Casi al concluir la reunión, un padre reclamó que no hubiera minuta de acuerdos. Osorio Chong le explicó que, después del encuentro, ésta se redactaría conjuntamente por funcionarios y la comisión de expertos. Al cierre de la edición todavía no estaba lista.
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