Resulta muy paradójicos que en tiempos en los que la solidaridad entre mexicanos se encuentra a flor de piel, y también lo está el enojo social contra los partidos y la clase política —que al menos en el sismo del 19 de septiembre, han demostrado no estar a la altura de la crisis humanitaria y social—, se ponga nuevamente en la discusión la engañosa necesidad de disminuir el número de legisladores. Confundida la ciudadanía por el momento, no repara en que esa es una estratagema lanzada desde el propio poder para evadir la —esa sí— urgente necesidad de disminuir los privilegios para la partidocracia representada en los partidos políticos.
En efecto, a raíz del segundo sismo que azotó a nuestro país —porque en el primero, que devastó la región sur sureste de los estados de Oaxaca y Chiapas, la indignación nacional no escaló por razones que pudieran incluso rayar en el profundo clasismo, que separa al sureste del centro y norte del país— se generó una ola de indignación que de inmediato impactó en la clase política, en los gobernantes y en los partidos políticos.
La primera muestra de esa indignación fue contra las autoridades gubernamentales tanto federales como de la Ciudad de México, que según la ciudadanía no alcanzaron a responderle a la ciudadanía en la medida que ésta esperaba sus acciones para el rescate de víctimas y la atención a los damnificados por el sismo.
La segunda ola de indignación fue aún más profunda. La ciudadanía se fue con todo en contra de los partidos políticos, a los que les exigió —a través de redes sociales, y como una expresión más específica, a través de la plataforma change.org— que entregaran una parte de las prerrogativas que recibirían para el presente año, y el siguiente —que es de proceso electoral y de campaña presidencial, federales, estatales y municipales, en gran parte del país—, para las labores de reconstrucción de las zonas que fueron afectadas por los sismos del siete y 19 de septiembre.
La respuesta vino rápido de los partidos, que de inmediato fueron receptivos a la indignación social que ya existía, pero que se exacerbó a raíz del sismo. De inmediato, vinieron diversos anuncios de diversos partidos para renunciar a una parte de sus prerrogativas para que éstas fueran destinadas a la atención de los desastres naturales.
El Instituto Nacional Electoral —el mayor orgullo, y la mejor creación de la partidocracia— todavía trató de explicar la complejidad de esa “donación”, como para tratar de moderar la presión social. Sin embargo, al final las expresiones fueron tan contundentes, que todos terminaron reconociendo que sí era posible entregar recursos de prerrogativas —o renunciar a ellas— para que se les reorientara a la atención de damnificados.
Luego vinieron otras exigencias, como la de que los diputados donaran sus dietas o que las expresiones de solidaridad fueran más allá que sólo los minutos de silencio u otras acciones de índole moral que, para efectos prácticos, no le sirven para nada a los ciudadanos. Y después vino aquella propuesta de reducir legisladores.
¿MENOS LEGISLADORES… O PRIVILEGIOS?
El tema es viejo y ampliamente discutido. Ya, por ejemplo, en 2014 el propio PRI intentó realizar una consulta popular con el propósito de reformar la Constitución para reducir 100 diputados federales y 32 senadores de representación proporcional. La estrategia priista se centraba en conseguir alrededor de un millón y medio de firmas de apoyo de ciudadanos mexicanos para que esta consulta popular se llevara a cabo en la jornada electoral federal de 2015. No lo logró, como tampoco lo hicieron otras fuerzas políticas con otros temas estruendosos pero vacíos.
Hoy intentan revivir esa propuesta que tiene varios problemas de fondo. Uno de ellos, es que reducir el número de legisladores sin variar la composición y los alcances de las cámaras legislativas, lo que está buscando en realidad es concentrar más un poder al que al mismo tiempo está socavando de distintas formas; y segundo, que una parte esencial de la discusión relacionada con el número de legisladores debiera ser si es más viable reducir la integración de las cámaras legislativas, o eliminar algunos de los muchos privilegios que tienen los diputados y senadores en México.
El asunto no es menor. La ciudadanía tiene un enojo añejo y genuino con sus legisladores por la forma en cómo concentran privilegios que no corresponden con la bajísima calidad del trabajo legislativo y con la insuficiencia en la atención de los problemas sociales del país. A partir de ello se ha cuestionado, por ejemplo, la existencia de los legisladores plurinominales, pero no se ha logrado una discusión serena respecto a la necesidad de eliminar a los plurinominales junto con los privilegios de los diputados, pero sin reducir la integración de las cámaras legislativas. Ese es un asunto más importante de lo que a simple vista podríamos suponer.
Pues parece que muchos mexicanos no logramos centrar la razón de nuestra inconformidad. A muchos nos agravian los excesivos privilegios que tienen los legisladores federales. Por eso, una reforma de verdad democratizadora a lo que debería ir encaminada es a quitar los salarios y, sobre todo, los privilegios excesivos, para devolverle el sentido de servicio a la función legislativa. Eliminar curules y escaños en realidad lo que busca es minar al Poder Legislativo en beneficio del Ejecutivo. ¿Por qué?
Porque un Poder Legislativo con menos integrantes significa únicamente la posibilidad de negociar y acordar con menos. Además, la reducción de legisladores es también proporcional a la pérdida de legitimidad en la toma de decisiones de gran calado. Si hoy en día en México hay un legislador por cada 220 mil habitantes, con una reforma que disminuyera la integración legislativa, la representación popular se alejaría aún más de la ciudadanía. ¿A quién le sirve eso? Le sirve al Presidente, que se fortalece frente a un Poder Legislativo débil.
En este caso, la reducción es simplemente de número pero se mantiene la división del Legislativo a través de la permanencia de las dos cámaras. Nada se dice sobre la eliminación de privilegios, y en realidad el “ahorro” económico no es sino la zanahoria con la que quieren justificar una medida que no contribuiría en prácticamente nada a democratizar un poco más el sistema político.
UN ENGAÑO
Por eso habría que ver con más detenimiento esta propuesta y cuestionar de fondo si junto con la reducción de legisladores habrá también una disminución de privilegios; o si con ello habrá también un replanteamiento de las funciones que tiene encomendadas el Presidente de la República. Ésta no parece una reforma saludable. Menos cuando el intento por arrinconar al Congreso llega en un contexto en el que aparentemente es la gente, y no el poder, quien pretende obtener un beneficio general con esa reducción. En realidad, podría ser exactamente lo contrario. Y esa sería una tragedia más para este ya de por sí golpeado país.
