La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) denunció públicamente la criminalización que enfrentan 24 defensores y defensoras indígenas en el Istmo de Tehuantepec, quienes luchan por la protección de su territorio frente al impacto del Corredor Interoceánico del Istmo.
Desde 2019, el pueblo Mixe (Ayüük) de Mogoñe Viejo, en el municipio de Guichicovi, inició su resistencia ante el megaproyecto. En febrero de 2023, la comunidad estableció el Campamento “Tierra y Libertad” como medida para frenar las afectaciones a sus tierras y hogares causadas por las obras del Tren Interoceánico. Sin embargo, esta manifestación pacífica, que duró 62 días, fue reprimida con hostigamiento, ataques por parte de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y policías estatales, además de civiles encapuchados.
El 28 de abril de 2023, el campamento fue desalojado violentamente, resultando en la detención de cuatro mujeres y dos hombres por la Policía Estatal de Oaxaca. Las personas detenidas fueron trasladadas bajo amenazas a la Fiscalía de Oaxaca. UCIZONI denunció que una de las mujeres fue vejada por un oficial de la SEMAR durante su detención.
A dos años de estos hechos, la comunidad de Mogoñe Viejo ha anunciado nuevas movilizaciones en rechazo a las obras del Corredor Interoceánico y la negativa del gobierno federal, encabezado por el Titular del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), a dialogar con las comunidades afectadas. Actualmente, 16 defensores y defensoras indígenas enfrentan procesos penales bajo cargos de “ataques a las vías de comunicación”.
UCIZONI también señaló que familias de Rincón Viejo, en Santa María Petapa, han sido denunciadas penalmente y amenazadas con desalojos forzosos por parte del Ferrocarril del Istmo y el Corredor Interoceánico. A estas familias, con más de 30 años habitando las tierras heredadas de sus abuelos zapotecos, se les ha ofrecido un pago único de 36 mil pesos, cifra que no corresponde al valor de su patrimonio.
Además, la organización criticó la falta de acción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) frente a las violaciones denunciadas, indicando que las quejas interpuestas en abril de 2024 han sido archivadas sin seguimiento.
Finalmente, UCIZONI hizo un llamado a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, para que atiendan las demandas de las comunidades afectadas y establezcan un diálogo respetuoso y efectivo.
“En Oaxaca no se puede hablar de gobernabilidad democrática cuando se violan los derechos de las comunidades indígenas y no existe disposición para resolver los problemas que enfrentamos”, afirmó la organización.
Con estas acciones, las comunidades del Istmo reafirman su compromiso con la defensa de sus territorios y su rechazo a la criminalización y amenazas en su contra.
