* La intervención del secretario general de Gobierno, Francisco Javier García López, logró desactivar el conflicto y liberar a los tres retenidos en el ejido Juno y al final en la Colonia Cuauhtémoc.
* Este día el presidente municipal de Matías Romero, Manuel Solana, y los agentes municipales encabezado por el de Palomares, Raúl Martínez de Jesús, se reunirán en las oficinas de la Segego.
La desmedida ambición por el poder político y económico ha desbordado los ánimos en la mayoría de los municipios oaxaqueños en víspera de la selección de candidatos a presidentes municipales.
En medio de la coyuntura político-electoral la mano negra que mece la cuna de la violencia política en Oaxaca encontró en la disputa por los recursos municipales la mejor estrategia para maniobrar.
Dos conflictos llaman la atención a últimas fechas, los dos en la región del Istmo de Tehuantepec. Ambos prefabricados coincidentemente en demanda de recursos federales de los ramos 28 y 33.
El caso de San Juan Mazatlán, Mixe, dirigido por el priista Macario Eleuterio Jiménez, y Matías Romero, presidido por el morenista Manuel Solana Morales. La ambición rompe el calzón.
La intervención del secretario general de Gobierno, Francisco Javier García López, logró desactivar el conflicto y liberar a los tres retenidos en el ejido Juno y al final en la Colonia Cuauhtémoc.
Este día el presidente municipal de Matías Romero, Manuel Solana, y los agentes municipales encabezado por el de Palomares, Raúl Martínez de Jesús, se reunirán en las oficinas de la Segego.
La mano negra que mueve los hilos de la desestabilización lanzó a los agentes municipales contra los presidentes municipales y los integrantes de los cabildos de las cabeceras municipales.
No hay casualidad, sino causalidad. En ambos casos es el mismo modus operandi, toma del palacio municipal, retención de algunas autoridades, destitución del presidente y bloqueos carreteros.
Para presionar y chantajear al Gobierno del Estado los inconformes llegan al extremo de utilizar acciones que rayan en el terrorismo, como amenazar quemar y linchar a las autoridades retenidas.
Los agentes municipales y vecinos de San Juan Mazatlán amenazaron con quemar vivo al representante de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Toledo, a quien obligaron a “botear”.
En Matías Romero, el agente municipal de Palomares, Raúl Martínez de Jesús, secuestró a 20 policías municipales, 4 regidores y 3 colaboradores del ayuntamiento, y amenazó con lincharlos.
En Matías Romero la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) disputa al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) el poder político y económico.
El secretario de Gobierno, Francisco Javier García López, hizo un llamado a la concordia y a conciliar, a través del diálogo, el conflicto entre el cabildo de Matías Romero y sus agencias.
Invitó a las partes a conducirse con civilidad sin afectar a terceros con bloqueos carreteros, toda vez que esta mala práctica no abona a mantener la paz ni al desarrollo de la región del Istmo.
El conflicto se suscitó por la exigencia de las agencias municipales, encabezadas por Palomares, de cumplir con una minuta de acuerdos correspondiente a la asignación de recursos del ramo 28 y 33.
El presidente municipal Manuel Solana, suplente de Alfredo Juárez, fallecido en agosto de 2020, informó que no es posible cumplir con los acuerdos de la minuta firmada por el alcalde extinto.
Solana y su cabildo se reunieron el 1 de marzo con el objetivo de instalar una mesa de diálogo, la cual no fue posible realizar ante la petición del edil de reunirse sólo con agentes municipales.
El rechazo a los integrantes de las comisiones de las asambleas comunitarias, quienes previamente sostuvieron una reunión exigiendo participación, generó inconformidad entre los involucrados.
Los agentes municipales rechazaron el monto asignado, lanzaron un ultimátum y amenazaron con bloquear la carretera, a fin de obligar al edil, a través de la Segego, a entregar 5 millones de pesos.
La Segego reiteró el respeto a la autonomía municipal en el manejo de sus recursos y exhortó al diálogo para alcanzar acuerdos que beneficien a las comunidades y mantener la paz social.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dictó medidas cautelares a favor de los retenidos y trasladados por vecinos de agencias municipales al ejido Juno.
Solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública implementar acciones que salvaguarden la integridad física y derechos de las personas retenidas, y de aquellas involucradas en este conflicto.
Requirió a la Fiscalía General del Estado iniciar la carpeta de investigación por los delitos que pudieran estarse cometiendo, y garantizar la seguridad e integridad de las víctimas.
A la Secretaría General de Gobierno pidió fortalecer la atención del problema con mesas de diálogo para facilitar la conciliación, acuerdos, y solución de conflictos políticos y sociales.
A la Guardia Nacional solicitó vigilancia en Matías Romero y Palomares, a fin de garantizar la paz social y seguridad, evitar la comisión de delitos y/o violación a derechos humanos.
La DDHPO afirmó que no se puede exigir derechos, violentando los derechos de otras personas. La satisfacción de demandas, por más justas que sean, al violentar otros derechos, pierde legitimidad.
La Defensoría dijo que para dirimir los conflictos es clave el diálogo y la libertad, pues la retención de personas ahonda la problemática interna y poco abona a obtener soluciones definitivas.
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