La segunda visita del fiscal estadunidense William Barr a México en el contexto del conflicto con Irán y la agenda permanente de terrorismo debería preocupar al gobierno mexicano. La agenda mexicana pasó del secretario de Estado Mike Pompeo y el yerno Jared Kushner a la poderosa oficina del Departamento de Justicia.
El único vínculo estaría en la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente Trump de diciembre de 2017, página 10, titulada “perseguir las amenazas” en sus puntos de origen. Y ahí la estrategia coloca en la misma agenda la derrota de los terroristas yihadistas y el “desmantelamiento de las organizaciones criminales transnacionales”, mejor conocidas en la comunidad de seguridad de los EE. UU. como cárteles del narcotráfico y del crimen organizado.
El ataque contra el general iraní Qasem Soleimani se colocó en esta parte de la Estrategia de Seguridad Nacional. Y no debe dejar de atenderse el señalamiento de que organizaciones yihadistas iraníes habría entrado en contacto con Los Zetas mexicanos, especialistas en liquidaciones de personas, para atentar contra objetivos árabes aliados a la Casa Blanca.
Los últimos datos provenientes de los EE. UU. estarían revelando una nueva fase de presiones estadunidenses sobre México para ir desmantelando células del narcotráfico mexicano en los EE. UU. En la lógica local, los estadunidenses dependen de la droga mexicana para el consumo local, pero su principal preocupación refiere la existencia de grupos de narcos operando en los EE. UU. con acciones no sólo de distribución, sino de control de zonas urbanas. Los cárteles mexicanos tendrían cierta relajación en controlar ventas al menudeo de droga, pero no quieren células criminales, sicarios o grupos que usen la violencia para mantener el control de zonas de distribución.
La agenda de Barr parece contener nuevos compromisos formales para sustituir a la Iniciativa Mérida Calderón-Obama, pero desde el enfoque estadunidense de que la Casa Blanca ya no puede confiar en los mexicanos para combatir cárteles porque en las agencias de seguridad de los EE. UU. existen datos de que México no ha podido desmantelar a las organizaciones criminales.
La estrategia que se va a aplicar contra los cárteles mexicanos es la misma que ha tenido éxito en el combate a las organizaciones terroristas yihadistas: atacarlos en sus madrigueras. Ese modelo fue contra el general Soleimani al usar drones para hacer estallar su refugio en el aeropuerto de la capital de Irak, Bagdad: ir hasta su madriguera y no esperar los ataques y decidir como respuesta.
La estrategia de seguridad de Trump le otorga especial prioridad a la capacidad de respuesta estadunidense contra la violencia yihadista y de los cárteles mexicanos. Como “no existe defensa perfecta contra las amenazas”, entonces se ha pasado a la ofensiva preventiva, y este punto hace una diferenciación entre las organizaciones yihadistas de gobiernos árabes radicales y los “grupos no estatales violentos que atacan a los EE. UU. y a nuestros aliados”; estos grupos “no estatales” son las organizaciones del crimen organizado que operan al margen de los Estados, aunque muchas veces con el beneplácito de las autoridades.
De ahí que en algunos niveles de especialistas en seguridad nacional de México y de los EE. UU. estén viendo en las visitas de Barr y en el aumento de las presiones estadunidenses algunos indicios de ataques preventivos/defensivos contra cárteles mexicanos en territorio mexicano. En la agenda de actividades policiacas y de seguridad dentro de los EE. UU. se encuentran cuando menos tres de los más importantes cárteles mexicanos asentados en territorio estadunidense: el Cártel del Pacífico de El Chapo Guzmán, el Cartel Jalisco Nueva Generación de Nemesio Oseguera El Mencho y Los Zetas, Algunos expertos incluyen el caso del exjefe mexicano de seguridad Genaro García Lina como parte de la ofensiva preventiva de los EE. UU. contra cárteles y sobre todo su presunta vinculación con grupos terroristas yihadistas.
De ahí que la visita de Barr tenga varios puntos: terrorismo, cárteles y García Luna.
Sinaloa sigue al frente. En medio de una nueva fase de relaciones del ejecutivo federal con gobernadores a propósito de algunas iniciativas de la 4T, las encuestas están reposicionando los apoyos a mandatarios estatales más allá de los abucheos manipulados por Morena contra gobernadores. En la última encuesta de Revista 32, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, encabeza la lista con un reconocimiento de 59.4%, contra el lugar 32 del gobernador poblano Miguel Barbosa con apenas 4.9%. El sinaloense es el mejor calificado de priístas con 61.8%, contra 13.4% del último lugar, el mexiquense Alfredo del Mazo Maza.
Política para dummies: La política es la habilidad para entender con anticipación los secretos del poder.
