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El gobierno de Oaxaca obtuvo dos resoluciones favorables ante tribunales colegiados en los juicios de amparo en revisión promovidos por Enrique Toro Ferrer contra el decreto expropiatorio del predio que hoy alberga el Parque Primavera, en la exfábrica de triplay de San Juan Chapultepec.
Así lo informó el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Geovany Vásquez Sagrero, quien advirtió que aún se encuentra pendiente un tercer juicio de amparo en trámite.
Las dos resoluciones, emitidas una hace aproximadamente 15 días y otra la semana pasada, determinaron que Toro Ferrer carece de legitimación activa para reclamar como suyo el polígono de 11.8 hectáreas.
“Lo que han resuelto ya los colegiados en estos dos juicios de amparo es que no tiene legitimación activa, no tiene derecho a reclamar como suyo ese polígono”, precisó el funcionario.
Vásquez Sagrero señaló que estos fallos se suman a victorias previas del gobierno en primera instancia y en múltiples recursos anteriores, y que en conjunto otorgan certeza jurídica al Parque Primavera como obra de la actual administración estatal.
“El parque primavera tiene certeza jurídica, es una obra emblemática de este gobierno y será para disfrute de todos los oaxaqueños”, sostuvo.
Documentos apócrifos y señalamiento penal
El consejero jurídico afirmó que a lo largo del litigio quedó acreditado que la documentación presentada por Toro Ferrer en respaldo de sus representados es apócrifa, y que su uso configura la comisión de delitos.
“La documentación que han presentado se ha acreditado que es documentación apócrifa, que hay comisión de delitos en el uso de esos documentos falsos”, declaró.
Esta afirmación tiene antecedentes concretos en el expediente: en octubre de 2024, el Juez Cuarto de Distrito declaró fundado el incidente de objeción de documentos planteado por la Consejería Jurídica, determinando que el poder notarial con que Toro Ferrer actuó como representante de María Elena Medina López era falso.
El gobierno también había documentado que algunas constancias utilizadas consistían en capturas del sistema interno de Catastro, lo que implicaría acceso indebido a información oficial.
Enrique Toro Ferrer ha sido señalado por el gobernador Salomón Jara Cruz de formar parte del denominado “cartel del despojo”, nombre con que el mandatario oaxaqueño ha identificado a un grupo integrado por notarios y exfuncionarios públicos dedicados a despojar propiedades tanto a particulares como al Estado.
Vásquez Sagrero describió un patrón de litigio recurrente por parte de Toro Ferrer: perder los juicios, aguardar el cambio de administración y volver a interponer recursos ante las nuevas autoridades.
“Lo que hemos encontrado en la secuela de litigio es que está acostumbrado a que pierde los juicios, espera que se vayan las autoridades, llega a la nueva autoridad y nuevamente vuelve a interponer”, afirmó el consejero, quien dijo querer dejar constancia digital de la situación precisamente para evitar que esa táctica prospere en el futuro.
Con los dos fallos recientes, la Consejería Jurídica acumula victorias en primera instancia, en recursos previos y ahora en revisión ante colegiados.
Sin embargo, Vásquez Sagrero advirtió que resta un tercer juicio de amparo, en el que ya se practicaron diligencias e inspecciones judiciales que, según indicó, tampoco favorecen la posición de Toro Ferrer.
“Ya acreditamos inspecciones judiciales, se ha acreditado que no existe en la documentación en los archivos del gobierno del Estado.”
El funcionario anticipó que para diciembre se dará un calendario sobre el estado procesal del caso, y calificó a Toro Ferrer como “cliente” habitual de la Consejería dado el volumen de litigios acumulados.
