El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) ordenó a la Procuraduría General de la República hacer un reconocimiento público de su inocencia, reparar el daño e indemnizar a la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial.
El Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior consideró que la autoridad incurrió en irregularidad administrativa, pues le ocasionó un daño patrimonial y moral a la indígena, y de acuerdo con la revisión de pruebas debe pagarle las respectivas indemnizaciones.
Jacinta Francisco Marcial fue acusada y aprehendida ilegalmente por los delitos de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro y delito contra servidores públicos.
Durante la sesión del pleno del Tribunal, el proyecto de sentencia elaborado por la magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, fue aprobado por ocho votos a favor y dos en contra.
Los magistrados resolvieron que resultó infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento planteado por el director general de Asuntos Jurídicos de la PGR, en tanto que la actora, Jacinta Francisco Marcial, acreditó los extremos de su pretensión.
No se dio a conocer el monto de la indemnización demandada por la afectada, ni la aprobada por el Tribunal, sólo se señaló que debe calcularse con base en la Ley Federal del Trabajo, y de ser el caso, rondaría apenas el millón de pesos.
En sus primeras declaraciones, luego de votada la sentencia, Jacinta Francisco dijo que la demanda por daño moral la interpuso pensando que se cometió una injusticia no en el dinero, pues siempre ha trabajado para mantenerse.
Los abogados de Jacinta Francisco señalaron que durante los distintos procesos ha quedado acreditado que se fabricaron delitos y se violaron derechos humanos básicos, como el debido proceso, una defensa adecuada, la presunción de inocencia y los correspondientes a su identidad indígena.
Ante este triunfo, Jacinta dijo que interpuso el recurso porque buscaba justicia, no dinero, y señaló que ella seguirá trabajando.
Junto con las también indígenas Alberta Alcántara y Teresa González fueron detenidas y encarceladas en 2006, bajo el cargo de secuestro contra seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Más por presión pública que por cuestiones jurídicas, la PGR finalmente se desistió de las acusaciones, tras mantenerlas en prisión por casi tres años.
Después, con el auxilio del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez las afectadas demandaron a la dependencia por el daño moral causado.
Alberta Alcántara y Teresa González obtuvieron desde noviembre de 2013 una sentencia similar de este tribunal, que la PGR decidió no acatar sino combatirla por medio del amparo.
http://aristeguinoticias.com/
