#JaimeGUERRERO
El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) emitió una sentencia en la que reconoce que San Vicente Coatlán, municipio de la Sierra Sur que se rige por sistemas normativos internos, vive un sistema de violencia grave que pone en riesgo la vida y la seguridad de las mujeres que desempeñan un cargo público.
Sin embargo, el organismo jurisdiccional descartó que dicha violencia constituya violencia política por razón de género en el caso particular denunciado por una regidora suplente de ese ayuntamiento indígena.
La sentencia tiene como antecedente la denuncia presentada por una regidora suplente —cuya identidad el tribunal protegió— contra integrantes del cabildo de San Vicente Coatlán, Ejutla.
Entre los actos reclamados, la funcionaria señaló obstrucción al ejercicio de su cargo, desvalorización de sus opiniones por su condición de persona joven, y la asignación de actividades de limpieza que calificó como una medida sancionatoria.
El TEEO declaró inexistente la violencia política contra las mujeres por razón de género al concluir que los hechos denunciados “no fueron impuestos como una sanción relacionada al hecho de ser mujer o a su edad, sino que correspondieron a dinámicas comunitarias definidas y tampoco tuvieron como finalidad limitar o afectar el ejercicio del cargo de la regidora suplente”.
En el mismo sentido, el tribunal rechazó la existencia de intención discriminatoria por cuestión de género o de edad hacia las mujeres de esa comunidad por parte de los integrantes del cabildo.
La resolución determinó que las acciones aplicadas dentro del municipio responden a las condiciones extraordinarias de violencia derivadas del conflicto agrario y están orientadas a garantizar la vida y seguridad de las mujeres en el ejercicio de cargos públicos.
En ese marco, el TEEO argumentó que la violencia sistemática prevaleciente ha provocado una reestructuración interna en la organización de funciones dentro de la comunidad.
Un conflicto agrario de más de cinco décadas
La violencia a la que alude la sentencia tiene raíces profundas. San Vicente Coatlán y Villa Sola de Vega se disputan alrededor de 19 mil 600 hectáreas en la Sierra Sur de Oaxaca.
El conflicto data de hace al menos 45 años y tiene su origen en una resolución presidencial que reconoció la extensión territorial de Sola de Vega, incluyendo tierras que Coatlán reclama como propias.
Las consecuencias han sido devastadoras para la región. El conflicto ha generado continuamente asesinatos masivos, entre ellos seis muertos y 11 heridos en 2012, tres muertos en 2015, y distintos episodios de casas incendiadas.
Al menos 48 personas de San Vicente Coatlán han sido asesinadas durante los años que se ha extendido el conflicto agrario, según la propia comunidad.
Detrás del conflicto agrario también se encuentra la disputa por tierras para cultivos ilícitos y el control de rutas de traslado hacia la Costa de Oaxaca, según reconocen agentes de seguridad pública y autoridades municipales de la región, aunque las autoridades comunales de San Vicente Coatlán rechazan esta versión.
En materia legal, el Tribunal Agrario y la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron el litigio en favor de Sola de Vega; no obstante, San Vicente Coatlán ha promovido diversos recursos legales impugnando esa determinación.
En tanto, autoridades indígenas de ambos municipios firmaron un acta de acuerdos en la que se comprometieron a mantener la paz, distensionar la zona y participar en una mesa técnica con la participación federal y estatal para encontrar soluciones concretas.
La sentencia del TEEO convierte este caso en un referente sobre los límites entre la autonomía indígena, la organización comunitaria bajo condiciones de violencia extrema y la garantía de los derechos políticos de las mujeres en municipios que se rigen por usos y costumbres.
