La Fiscalía estatal sostiene que existen elementos para imputarles lesiones dolosas contra policías y desobediencia o resistencia. Aunque fueron trasladados al complejo judicial de Puente Grande, permanecerían en el área de juzgados mientras un juez determina su situación jurídica; podrían continuar el proceso en libertad.
Siete de las 39 personas detenidas durante las protestas del pasado domingo contra el suministro de agua contaminada en la Zona Metropolitana de Guadalajara fueron trasladadas la mañana de este martes al complejo de Puente Grande, informó la Fiscalía del Estado de Jalisco.
La movilización de los detenidos se realizó como parte del procedimiento para presentarlos ante un juez de control, luego de que el Ministerio Público considerara que existen elementos suficientes para formularles imputaciones por los presuntos delitos de lesiones dolosas contra personal de seguridad pública y desobediencia o resistencia.
La Fiscalía identificó a las siete personas como David Isaac “N”, Teodoro Isaac “N”, Juan Darío “N”, Alexis Daniel “N”, Samuel “N”, Israel “N” e Iván Octavio “N”.
Sin embargo, la institución precisó posteriormente que los detenidos permanecerían en el área de juzgados y no serían ingresados a la prisión. La finalidad del traslado es que la autoridad judicial determine su situación jurídica y resuelva las medidas cautelares que correspondan conforme a derecho.
Fiscalía busca que los siete detenidos comparezcan ante un juez
En sus comunicados, la Fiscalía estatal sostuvo que cuenta con elementos para proceder contra los siete detenidos por las conductas que les atribuye. La determinación de su posible responsabilidad, no obstante, corresponde a las autoridades judiciales mediante el procedimiento establecido en la ley.
De acuerdo con la institución, el juez de control deberá analizar los datos presentados por el Ministerio Público y resolver si existen condiciones para vincularlos a proceso, así como determinar las medidas cautelares aplicables.
Entre las posibilidades se encuentra que las personas imputadas continúen su proceso en libertad, siempre que así lo determine la autoridad judicial y se cumplan los requisitos legales correspondientes.
La Fiscalía aclaró que el traslado a Puente Grande no implica, por sí mismo, que los siete hayan sido ingresados a un centro penitenciario para cumplir una medida de prisión preventiva.
La diferencia es relevante, debido a que una imputación no equivale a una sentencia condenatoria y la situación jurídica de cada persona debe resolverse de manera individual.
Publicación sobre el traslado fue eliminada de redes sociales
El traslado de los siete detenidos también fue anunciado por la Fiscalía de Jalisco mediante una publicación en su cuenta de la red social X, antes Twitter, alrededor del mediodía de este martes. Sin embargo, el mensaje fue eliminado posteriormente.
Más tarde, la institución difundió información adicional para precisar que las personas permanecerían en el área de juzgados y que su situación sería determinada por un juez de control.
Hasta el momento, la información proporcionada no permite establecer por qué fue retirada la publicación inicial. Lo que sí quedó señalado en el comunicado posterior es que el procedimiento judicial continuaría conforme a las disposiciones legales aplicables.
La precisión se produjo después de que las primeras versiones sobre el traslado generaran dudas acerca de si los detenidos serían ingresados formalmente a prisión.
Liberación de otros detenidos y aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales
El movimiento de los siete detenidos ocurre después de que la Fiscalía informara sobre la liberación de algunas de las personas arrestadas durante las protestas.
Según la institución, en esos casos se determinó que no era necesaria la prisión preventiva para continuar con la integración de las carpetas de investigación. La Fiscalía hizo referencia al artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), relativo a la libertad durante la investigación en los supuestos previstos por la ley.
La liberación no significa necesariamente que una investigación haya concluido ni que se hayan descartado todas las posibles responsabilidades. Las autoridades pueden continuar con las diligencias correspondientes y, cuando proceda legalmente, solicitar la intervención de un juez.
En el caso de los siete trasladados, el Ministerio Público busca que comparezcan ante la autoridad judicial para que se analicen las imputaciones formuladas en su contra y se resuelva qué medidas deben aplicarse durante el proceso.
Por ello, el desarrollo de las audiencias será determinante para conocer si son vinculados a proceso y bajo qué condiciones deberán enfrentar las investigaciones.
Las 39 detenciones ocurrieron durante protestas por agua contaminada
Los hechos que originaron las detenciones se registraron el pasado domingo en Guadalajara, durante una manifestación contra los problemas en el suministro de agua que afectan principalmente a la Zona Metropolitana.
De acuerdo con las cifras oficiales citadas en los reportes, la jornada dejó 39 personas detenidas. Durante las protestas, elementos de seguridad pública utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a los manifestantes, en medio de enfrentamientos y momentos de tensión.
La movilización tenía como una de sus principales exigencias una solución al problema del agua contaminada, una situación que ha generado preocupación entre habitantes de la zona por las condiciones del servicio y la necesidad de contar con agua segura.
El desarrollo de los acontecimientos abrió dos frentes de atención: por un lado, las demandas ciudadanas relacionadas con la calidad del agua y, por otro, las investigaciones sobre los hechos ocurridos durante la intervención policial.
La respuesta de las autoridades y la actuación de los cuerpos de seguridad se encuentran en el centro de la discusión pública, especialmente por el uso de agentes químicos y chorros de agua para contener la manifestación.
Pablo Lemus atribuye los hechos violentos a grupos de choque
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, atribuyó los episodios de violencia a la participación de grupos de choque que, según su versión, buscaron restar legitimidad a las protestas.
Esta explicación forma parte de la postura del Gobierno estatal sobre los acontecimientos del domingo. Sin embargo, la determinación de las responsabilidades individuales por las agresiones y otros posibles delitos deberá sustentarse en las investigaciones correspondientes.
Al mismo tiempo, la controversia por el agua contaminada mantiene vigente la exigencia de que las autoridades informen sobre las medidas adoptadas para atender el problema que motivó la movilización.
La investigación sobre las detenciones y las demandas relacionadas con el suministro de agua constituyen asuntos distintos, aunque ambos surgieron en el contexto de la misma jornada de protesta.
La situación jurídica de los siete detenidos sigue pendiente
El traslado de los siete hombres al complejo de Puente Grande marca una nueva etapa en el procedimiento iniciado después de las protestas. La Fiscalía considera que existen elementos para formular imputaciones, pero corresponde al juez de control evaluar los datos presentados y resolver conforme a derecho.
Entre los puntos pendientes se encuentran la determinación de una posible vinculación a proceso, las medidas cautelares aplicables y la continuidad de las investigaciones sobre los hechos registrados durante la manifestación.
También permanece la exigencia ciudadana de obtener respuestas sobre la calidad del agua y las acciones necesarias para atender el problema en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Mientras avanzan los procedimientos judiciales, el caso mantiene la atención sobre la actuación de las autoridades durante las protestas, el uso de la fuerza pública y las garantías que deben respetarse tanto en las investigaciones penales como en la atención de las demandas ciudadanas.
