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El Órgano de Administración Judicial (OAJ) aceptó reformar el acuerdo de evaluación del desempeño de 32 mil secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales para eliminar las disposiciones que pudieran implicar sanciones o separación del cargo.
El acuerdo se logró después de los paros y bloqueos realizados por trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF).
El acuerdo se alcanzó durante una reunión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la participación de su presidente, Hugo Aguilar Ortiz; el titular del OAJ, Néstor Vargas Solano, y dirigentes de los tres sindicatos que representaron al personal judicial.
Las inconformidades derivaron en suspensiones de labores y bloqueos de avenidas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde los trabajadores rechazaron que su estabilidad laboral quedara vinculada a evaluaciones con componentes que consideraron discrecionales.
“Como parte de las modificaciones, se establecerá de manera clara y categórica que la evaluación del desempeño tendrá como propósito fundamental fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia, derogando en definitiva toda referencia en que pueda interpretarse que dicha evaluación tendrá efectos sancionatorios o bien, implique separación del cargo”, informó la Corte.
Las autoridades judiciales y las representaciones sindicales acordaron modificar el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, que reguló el proceso de evaluación del personal de carrera judicial.
Uno de los puntos rechazados por los trabajadores fue que las valoraciones de jueces, magistrados y compañeros de trabajo representaran el 30 por ciento de la calificación, mediante rubros como productividad, calidad de la función jurisdiccional, trabajo en equipo, ética y atención a la ciudadanía.
“Se eliminará la previsión de evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares y se modificarán los porcentajes de aquellos aspectos que impliquen algún factor de subjetividad”, señaló la SCJN.
Aguilar Ortiz participó como mediador entre las organizaciones sindicales y el OAJ, órgano al que correspondieron las atribuciones de administración y carrera judicial conforme al marco surgido de la reforma constitucional.
La Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, expedida en enero de 2025 como parte de la reforma judicial aprobada por Morena y sus aliados, estableció en su artículo 35 que los resultados de las evaluaciones serían la base para decidir sobre reconocimientos, permanencia y, en su caso, separación de la carrera judicial.
El artículo 36 sujetó la permanencia del personal al resultado de la evaluación, mientras que el artículo 38 incluyó entre las causas de separación no acreditar el procedimiento definido por el OAJ.
El acuerdo original contempló una primera evaluación diagnóstica durante 2026, sin consecuencias individuales sobre permanencia o separación, y un examen extraordinario de competencias para quienes no alcanzaran el estándar requerido en la evaluación ordinaria a partir de 2027.
En la reunión también se pactó publicar a la brevedad las modificaciones en el Diario Oficial de la Federación e instalar mesas de trabajo permanentes para atender asuntos específicos que preocuparon a la base trabajadora.
La Corte, el OAJ y las dirigencias sindicales reconocieron la labor del personal como un pilar del sistema de justicia y anunciaron que todos los órganos jurisdiccionales del PJF reanudarían sus actividades con normalidad el lunes 9 de noviembre.
