La anarquía y el desorden en el transporte público en Oaxaca es una realidad. Los operativos y programas implementados por los tres órdenes de gobierno, no han contribuido en casi nada para combatir el pirataje, coyotaje, inseguridad y demás problemas que arrastra este sector.
La falta de un verdadero censo de vehículos regularizados por parte de las autoridades correspondientes, los incrementos a los impuestos e insumos como la gasolina efectuados y avalados por el gobierno peñista, ha puesto en “jaque” a esta actividad.
Aunado a esta situación, los grandes socios son los que acaparan la mayor parte de las concesiones, dejando de lado a los más necesitados, incluso, los permisos forman parte del pago de favores políticos, situación que no es nada nueva en un estado como Oaxaca.
La inseguridad es otro factor que se ha convertido en el “pan de todos los días” lo que ha perturbado a los pequeños concesionarios. De acuerdo a cálculos realizados, por lo menos en este último mes, se han registrado más de una docena de víctimas mortales a manos del crimen organizado.
Mientras en el transporte de carga en Oaxaca, ni siquiera figura entre los estados con mayor potencial de este tipo, debido a la “mafia” y “monopolio” que han ejercido algunas empresas y empresarios.
Pulpo camionero
De acuerdo al estudio realizado sobre el transporte urbano en Oaxaca, por parte de la Consultoría e Ingeniería Cal y Mayor, desde hace más de 10 años los documentos quedaron en los escritorios de los funcionarios, ya que a poco les interesó este caso.
Según estudios de la empresa transnacional que ha trabajado en diversos diseños del transporte público y privado en decenas de países, en la capital oaxaqueña se contaba con una sobre población de vehículos en donde más del 60 por ciento de su parque vehicular se encontraba en pésimas condiciones, por lo que tenían que ser sacados de circulación.
Aseguró que en algunos casos era necesario cubrir la ruta cada 15 ó 30 minutos debido a la falta de demanda y ante el número de vehículos que transitaban en la zona. Desde hace casi 10 años se estimó una flotilla de más de mil vehículos, los cuales pudieron haberse duplicado a la fecha.
Sin embargo, y ante la falta de interés por parte de las autoridades estatales y la voracidad de algunos empresarios, así como la crisis económica que se padece en esta zona, no ha sido posible la renovación de los autobuses, pero aún así, se intenta que estos tengan un incremento de al menos un peso sobre el costo del pasaje actual.
Concesionarios se defienden
Concesionarios y representantes del transporte urbano, reventaron no sólo contra los actos vandálicos registrados en estos últimos días ante la toma masiva de sus vehículos por parte de estudiantes, quienes se han manifestado contra el alza del costo del pasaje.
Ante esta situación, los apoderados, han interpuesto una serie de denuncias por lesiones en contra de conductores, así como por daños materiales provocados a los autobuses, y exigen a las autoridades correspondientes se apliquen las medidas necesarias ante los hechos violentos contra sus unidades y trabajadores.
La representante de Choferes del Sur, Alejandra Gómez Candiani, descartó que hasta el momento se pueda dar el alza de este servicio, toda vez que no existe un acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra), para el incremento del pasaje, debido a que los estudios de impacto se encuentran en proceso.
Sin embargo, no descartó que el costo de este servicio pudiera modificarse en los próximos dos meses, debido a que el último “gasolinazo” ha repercutido severamente en la economía de los concesionarios, al exponer que se cobra 25 por ciento menos de lo que se debería.
“Continuar con el precio de hace dos años repercute severamente en nuestro bolsillo, ya que muchas de las refacciones de las unidades son cotizadas en dólares, y el último aumento a la gasolina sí ha repercutido”, expuso.
Perdidas ante manifestaciones
Molesta ante la falta de libre tránsito a consecuencia de las manifestaciones y secuestro de unidades por parte de las organizaciones sociales, normalistas y maestros, mencionó que este sector labora con una capacidad del 70 a 80 por ciento.
Al referirse a los hechos registrados el lunes 23 febrero, expuso que las organizaciones de universitarios retuvieron al menos 100 camiones a lo largo del día, además de golpear a cuatro choferes y causar daños materiales y económicos a las empresas.
“Hemos interpuesto las denuncias correspondientes aunque estas no procedan debido a que cada empresa, en tan sólo un año, ha demandado por lo menos 60 veces”. Así lo señaló la empresaria, quien negó que se efectuaran una serie de acuerdos para la liberación de los autobuses retenidos dentro de Ciudad Universitaria.
Precisó que se ha cumplido al 100 por ciento las demandas de los usuarios, después del incremento a la tarifa de 5.50 a 6 pesos, hace dos años. Además, dijo que se renovaron al menos 120 unidades, mientras que a fínales del 2013 y 2014 se renovó una flotilla de 130 vehículos.
La capacitación a los trabajadores del volante ha sido de manera gradual en coordinación con las autoridades de la Sevitra; todas los autobuses se encuentran asegurados, concluyó.
Carina García
Vía Viral Noticias
