La democracia no se agota en la institucionalización de mecanismos eficaces, legítimos y ampliamente aceptados por la sociedad para la renovación de los poderes constitucionales en los tres órdenes de gobierno. También comprende, de manera fundamental, la calidad del producto legislativo y de gobierno y la capacidad de exigir cuentas del mandato conferido. Sin transparencia y rendición de cuentas no hay democracia de contenido.
El sufragio efectivo es ya una conquista irreversible de los mexicanos, a partir de múltiples reformas iniciadas con la reforma política de 1977. Toca ahora construir una democracia de resultados y una democracia que pueda ser escrutada y fiscalizada, en atención al interés público.
De ahí la importancia, hasta ahora insuficientemente aquilatada, de las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, uno de los principales aciertos, avalados por las principales fuerzas parlamentarias, en el primer periodo ordinario de sesiones del congreso federal.
Son reformas que profundizan el espíritu original de la Ley de exigir a todas las expresiones del Estado mexicano que se abran a la supervisión ciudadana y que ahora tienen el objeto específico de transparentar y armonizar la información financiera que generan todos los entes públicos, la federación, los estados y los municipios.
Estos cambios jurídicos de fondo están contenidos, en lo medular, en un título quinto exclusivamente dedicado a la transparencia y la difusión de la información financiera, incluyendo obligaciones para los entes públicos de publicar en las páginas de internet información respecto de los presupuestos de egresos, leyes de ingresos, ejercicio presupuestario, así como información financiera propia de las cuentas pública
En materia de aportaciones federales del ramo 33 ( Faeb, Faeta, Fassa, Faism, Fortamun-DF, Seguridad Pública) se incluye la obligación para los entes públicos que reciban estos recursos federales, de informar a la ciudadanía del ejercicio y destino que den a dichos recursos, estableciéndose a su vez la obligación a la Auditoría Superior de la Federación y a los órganos locales de fiscalización, de vigilar la calidad de la información financiera de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
Ahora bien, estas reformas no pueden ser del dominio exclusivo de especialistas en la materia. Es muy importante que las conozcan las autoridades de los tres órdenes de gobierno, especialmente las municipales, las más alejadas de las fuentes convencionales de información, para que participen de esta nueva cultura de transparencia y rendición de cuentas.
Por eso, la semana pasada me se reuní con autoridades del Istmo y de la zona mixe para presentarles a expertos en contabilidad y rendición de cuentas, quienes les explicaron la naturaleza, los alcances y el contenido de las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Estuvieron presentes los presidentes municipales de Tehuantepec, Matías Romero, Juchitán, San Blas, Chahuites, San Juan Cotzocón, San Juan Mazatlán y los equipos de hacienda de Salina Cruz, Santo Domingo Ingenio, San Miguel Chimalapas, Barrio de la Soledad, Huilotepec y Mixtequilla.
La nueva Ley, les explicaron los expertos, es “una de las principales reformas de amplio consenso para homologar y transparentar los criterios de aplicación de los recursos públicos de todos los entes del Estado mexicano, en los tres órdenes de gobierno incluidos los municipios”.
De esta manera, habrá un uso más racional, eficiente y claro de cada peso del presupuesto público, pues todas las dependencias y entidades tendrán que hacer un balance del ejercicio del gasto cada trimestre y darlo a conocer de manera irrestricta en la llamada supercarretera de la información, el ciberespacio.
Eso no significa, me permití decirles ya en el uso de la palabra, que haya una intromisión de la federación en la autonomía del municipio, sino sólo una estandarización de criterios contables y de ejercicio del gasto para un mayor orden administrativo: “al seguir los criterios de la reforma a la Ley de Contabilidad Gubernamental no habrá ningún problema al concluir la gestión de cada autoridad”. Les patenticé mi apoyo para que el equipo de expertos les disipe las dudas a lo largo de sus administraciones en caso de que lo requieran.
En ese encuentro con autoridades municipales también les expuse los alcances de las principales reformas aprobadas en este periodo ordinario de sesiones, como la reforma laboral, para impulsar la competitividad de las empresas mexicanas y la generación de empleo sin menoscabo de los derechos constitucionales de los trabajadores; una ley para incentivar propiamente la productividad de la planta nacional; y la reforma a la ley de telecomunicaciones para evitar el abusivo redondeo en las cuentas telefónicas y el consumidor pague lo justo.
Igualmente, las reformas a la estructura del gobierno federal, para fortalecer la capacidad del Estado mexicano de resarcir la seguridad pública tan deteriorada en el país; para dar más contundencia y eficacia a la política social y el combate a la pobreza; y para dar certidumbre a la propiedad rural y urbana.
Sobre la reforma educativa, finalmente, les dije que busca elevar la calidad de los estudios básicos y de educación media superior de los niños y los jóvenes, sin afectar derechos adquiridos de los docentes del país, cuya participación en el proceso de elevación de la calidad educativa es fundamental.
Pienso que difundir entre la sociedad civil y entre los actores públicos el contenido de las principales reformas legislativas es un deber esencial de los representantes en el congreso.
Artículo publicado en el diario Noticias, enero 21, 2013.
