Por una parte, el deseo de no tener complicaciones para la victoria, le hacen al candidato cerrar todo tipos de acuerdos, siempre con los dueños del capital político y económico. Es decir, con los que hicieron negocios en el sexenio… entendiendo como negocios, el saqueo de recursos, ante la complacencia de las autoridades. De esta forma, al ganar la elección se le van dando forma a los acuerdos que favorecen la impunidad.
Para comprobarlo, basta con acudir a algunos ejemplos: Vicente Fox pactó con Ernesto Zedillo, y muy pronto los peces gordos, las víboras prietas y las tepocatas, continuaron disfrutando de las mieles del poder.
Felipe Calderón se entendió de maravilla con Enrique Peña Nieto. Y en el caso de Oaxaca, que nos ocupa, Gabino Cué hizo lo mismo con Ulises Ruiz.
La raíz de esto, por tanto, es la tentación de ejercer el poder absoluto.
Y es que cuando no se castigan los delitos, las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia se caricaturizan, pierden credibilidad y se convierten en una comparsa de los gobernantes (o tiranos) en turno.
Según Bekerman, esta ausencia de castigo conlleva a la ostentación pública del delito y se relativiza su importancia. Así, el cuerpo social queda transformado en mero espectador.
La impunidad se ha manejado incluso como una estrategia de control social, toda vez que los criterios de valoración y percepción se ven alterados.
Cuando se realizan este tipo de pactos, los nuevos gobiernos sellan su destino: los delitos los comparten, la transgresión a la ley es parte del nuevo mandato, y se tiene una fraternidad con el crimen.
Hace seis años en Oaxaca se hablaba de una transición democrática, misma que nunca se dio. Por el contrario, lo que si ocurrió puntualmente fue la protección a los que habían cometido crímenes de lesa humanidad, e impunidad para los que se llevaron los recursos del Estado. Como parte del cumplimiento de los acuerdos, la Secretaría General de Gobierno les fue entregada, así como el Colegio de Bachilleres, entre otras. En la Secretaría General desfilarían Irma Piñeyro Arias, Jesús Martínez Álvarez, Alfonso Gómez Sandoval, y Carlos Santiago Carrasco; todos y cada uno de ellos, priistas de cepa, mientras que en el Colegio de Bachilleres estaría Germán Espinosa Santibáñez.
Así, los delincuentes del sexenio no fueron tocados ni con el pétalo de una rosa, y menos de una investigación, una auditoría, una sanción administrativa o una averiguación previa, por la corrupción en su desempeño como servidores públicos.
Más bien, al poco tiempo de asumir el poder, el gobierno de Gabino Cué se desdibujó se mostró débil y torpe porque los mismos que fueron protegidos comenzaron a torpedearlo. Integrantes de su gabinete legal, ampliado, y hasta los no reconocidos, comenzaron con los negocios y el saqueo a las arcas estatales, y a la riqueza y bienestar de los oaxaqueños.
¿A cuenta de qué?
Cuando se permite la impunidad solo existe una razón explicita: generar una serie de redes que garanticen la continuidad en el poder, aún lejos de los círculos que toman las decisiones.
En Oaxaca estamos ante una transición de poderes, y con los primeros encargados aparecieron nombres infames, conocidos por sus excesos, adicciones, y hasta negocios al amparo del poder. Alejandro Murat tiene ya su primer reto: o pacta con delincuentes y les da impunidad, o empieza por poner orden al comienzo de su gobierno.
No hay que olvidar que el buen juez por su casa empieza.
La frase.
La impunidad es el caldo de cultivo de los regímenes y sistemas autoritarios, y las estructuras que los sostienen siempre están podridas.
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