Los diputados de la Comisión Especial para Ayotzinapa no cuentan con fotografías, grabaciones o versiones estenográficas de las dos reuniones que sostuvieron en días recientes con la Procuradora General de la República, Arely Gómez y con el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
Para poder celebrar ambas reuniones, que tuvieron lugar en las oficinas de los funcionarios del Poder Ejecutivo, los diputados tuvieron que entregar sus teléfonos celulares y entrar sin asistentes.
“Muchas veces quedarnos con la percepción de lo que se dijo en la reunión y anotarlo es suficientemente válido para llegar a la mesa de trabajo con los demás diputados”, dijo la diputada María Cristina Murguía, panista y presidenta de la Comisión.
“Quizás tendríamos que entrar al punto de cómo lo percibiste tú y por mayoría acordar finalmente qué queda asentado en el informe”, añadió.
Los integrantes de la Comisión debatieron en la sesión ordinaria de este martes sobre si ese órgano legislativo tiene o no facultades para citar a comparecer a funcionarios o si únicamente puede invitarlos a reuniones de trabajo.
Cristina Gaytán, del PRD, y Araceli Damián, de Morena, insistieron en que la Comisión citará a comparecer a los funcionarios.
Víctor Sánchez, de Movimiento Ciudadano, señaló que no importaba el formato de las reuniones, siempre y cuando la Comisión no renunciara a sus facultades constitucionales de sancionar a quienes rehusaran presentarse ante los legisladores.
El presidente de la comisión, el priista Víctor Manuel Silva y la diputada María Eugenia Ocampo, de Nueva Alianza, dijeron que no importaba que se tuviera qué acudir a donde les indicaran los funcionarios involucrados, ya que lo que importa es conocer la verdad.
Finalmente se determinó consultar a la Junta de Coordinación Política si tal cita está en las atribuciones de la Comisión especial.
La diputada Murguía dijo que en una comparecencia la reunión debe ser en las instalaciones de la Cámara de Diputados y ser transmitida por el canal del Congreso.
Hasta ahora, la Procuradora y el titular de la Sedena han condicionado la realización de las reuniones a que éstas no sean públicas.
“En el caso de la Procuradora, su equipo consideró que toda vez que es una averiguación previa, en curso, hay información que no puede ser pública porque se podría afectar derechos humanos de aquellos que estén sujetos a proceso”, afirmó la diputada Murguía.
“Se nos dijo que era una reunión donde se quería poder hablar de presuntos implicados en un hecho o en otro, sin que esto implicara faltar a la reserva que se supone el respeto a los derechos humanos si se hace público”, dijo.
Tampoco será pública la que sostendrá el miércoles 16 de octubre ese órgano legislativo con el ex Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, su ex Procurador de Justicia y su ex Secretario de Gobierno.
“Me dijo que se ha abstenido de dar entrevistas a medios nacionales e internacionales, pero que está dispuesto a darnos la versión de los hechos como él los conoció”, agregó la panista.
La única reunión pública hasta ahora programada es la que se realizará este lunes, en las instalaciones de la Cámara de Diputados con Jaime Rochín, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
reforma.com
